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El calvario judicial de Luis Lobos no tiene fin

El condenado ex intendente de Guaymallén tiene pendiente un juicio por enriquecimiento ilícito y otras causas por fraude y malversación

El futuro inmediato de Luis Lobos en la Justicia tiene dos puntos importantes. El primero es la definición de la Suprema Corte sobre su apelación a la condena por el caso de la “mucama ñoqui” (cuatro años y medio de cárcel). El segundo es el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito, la causa madre de todas las que lo tienen como protagonista.

Pero eso no es todo: aún tiene por delante las acusaciones por malversación en el alquiler de maquinaria vial (imputado por el fiscal Daniel Carniello a fines de 2015) y de administración infiel, fraude al Estado y administración fraudulenta por el alquiler de una planta de asfalto en sus últimos dos años como intendente de Guaymallén. Todo esto luego de haber sufrido dos reveses en el último tiempo: la sentencia en 2019 tras las acusaciones de su ex empleada Laura Fara, y ahora el fallo de extinción de dominio, que el pasado martes le quitó tres de sus propiedades.

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¿Cómo avanza su camino judicial? El proceso por enriquecimiento ilícito, la madre de todas las causas, ya está elevado a juicio. El patrimonio por el cual la fiscalía de Delitos Económicos le pide explicaciones llega casi a los cinco millones de pesos ($ 3.923.000 suyos y $1.018.837 Claudia Sgró, su entonces pareja y también imputada).

El ex intendente había asegurado en una indagatoria que, al volver de Canadá (donde vivió hasta 1992), había ingresado 200 mil dólares sin declarar y que los había pasado a pesos 19 años después, ya con una tasa de cambio ventajosa. Sin embargo, su ex mujer Gladys Contotanasi, afirmó más tarde que de ninguna manera había contado con esa cantidad de dinero al regresar a la Argentina, que había vuelto sólo con su valija, sin traer nada más y que tampoco pudo haber adquirido bienes de ningún tipo en ese entonces.

A esto último se sumó la declaración de otro de los testigos, Ariel Santonja, quien viajó con Luis Lobos a Canadá en 1988 y también afirmó (a razón de su propia experiencia laboral en ese país), que resulta imposible juntar esa cantidad de dinero en ese lapso y a través de las tareas a las que se dedicaba Lobos.

¿Cómo sigue la causa?

A estas pruebas se agregaron otras: las declaraciones de Contotanasi y Santonja se acoplaron al testimonio de una persona que conoce a la pareja desde hace mucho tiempo y que aportó datos sobre la evolución patrimonial de ambos y de lo que, según dijo, era “el manejo de altas sumas de efectivo”.

¿Qué otras pruebas se sumaron? La pericia contable (junto con su posterior ampliación), las constataciones forenses hechas tras allanamientos a sus propiedades y las tasaciones de esos mismos inmuebles. “Llama mucho la atención que entre 2008 y 2011 hayan podido adquirir todo eso siendo funcionario público”, afirmó Lucas Fallet, uno de los abogados querellantes que trabaja desde el inicio de la investigación.

En ese entonces, tres referentes del Frente de Izquierda también hicieron denuncias. “Como querellantes, nosotros aportamos documentación que era de acceso público. Elementos que demostraban cómo el municipio pagaba servicios para barrios privados y maniobras vinculadas, en gran parte, a emprendimientos inmobiliarios”, asegura Víctor Da Vila, ex senador provincial.

La causa está elevada a juicio oral y público desde mayo del 2020, tras el pedido de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi. Se aguarda el sorteo de los jueces que van a integrar el tribunal y luego se citará a las partes a una audiencia preliminar. “Eso es previo al debate oral, pero no hay fechas ni plazos estimativos. Con todo esto de la pandemia y los tiempos del Poder Judicial, es imposible saberlo, aunque debería ser este año”, explicó Fallet.

¿Qué va a pasar con su apelación?

La única sentencia penal en contra de Lobos y Sgró (por los empleados municipales “truchos”, Fara y su hijo, Pablo Muller) no tiene sentencia firme. Para el fiscal de la causa, Sebastián Capizzi, “en el caso de que la Corte acepte el recurso de casación pueden ocurrir dos cosas: que defina que la calificación jurídica no es la correcta y aplique otra; o que decida que el juicio está mal realizado o viciado por algún tipo de nulidad”.

El primero de los supuestos implicaría un cambio de carátula y la posibilidad de que la pena sea menor. El segundo significaría directamente que debe realizarse otro proceso por el mismo caso en contra de los dos imputados.

Tampoco hay fecha estimativa para que se expida el máximo tribunal. “El fallo está bien dictado. Los tres jueces estuvieron de acuerdo y el juicio se hizo con todas las garantías. La acusación es sólida y estaba bien consolidada y por lo tanto ahora todo depende del criterio de la Corte”, afirmó Capizzi.