El gobernador Alfredo Cornejo dejó cesante a Edgardo Andrade, el empleado que manejaba “La Rosadita” mendocina. Lo hizo mediante un decreto.
Andrade estaba a cargo de la Coordinación de Infraestructura Básica que funcionó de forma paralela al Ministerio de Infraestructura. Esta fue conocida como “La Rosadita”.
Allí, Andrade, que llevaba el seguimiento de expedientes de obras públicas, se encargó de certificar obras que nunca se ejecutaron.
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La tarea de Andrade no solo motivó un sumario, sino también una investigación penal.
El sumario, ordenado por el gobierno provincial, comprobó que Andrade “cumplía funciones en la Ex Coordinación, era reconocido como “superior” a quien le reportaban las obras y recibía, por parte de las empresas contratistas, cheques, supuestamente en concepto de viáticos, los cuales eran cobrados por terceras personas (a su encargo) y luego esas personas le entregaban el dinero”.
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“Queda comprobado que existió un ejercicio abusivo e irregular, por un lado de sus funciones como agente del Estado y por otro lado en el procedimiento de cobro de viáticos, excediendo evidentemente las facultades inherentes a sus funciones”, se asegura en el decreto.
En la Justicia
Según la investigación penal, se sospecha que una gran cantidad de cheques pasaron por La Rosadita con importes que iban desde los $20.000 hasta los $50.000.
Los investigadores aseguraron, en su momento, que existía la sospecha que allí se pagaron coimas de parte de constructoras privadas.
Las pruebas indiciarias fueron llevadas por la gestión Cornejo a la Fiscalía de Delitos Complejos, que, tras la última reforma ordenada por el Ministerio Público Fiscal, las derivó a Delitos Económicos.
Por esta misma investigación, el decreto también se encarga de aclarar que "la sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa penal, tendrá carácter provisional, pudiendo ser sustituida por otra de mayor gravedad luego de dictada la sentencia definitiva en la causa penal".