El escándalo político-judicial de 1992

Diez ex concejales de Las Heras perdieron un juicio por $11,3 millones tras el peculado por viáticos

Le hicieron juicio al Estado por lo extenso del proceso penal por peculado con los viáticos que los tuvo bajo sospecha y del que resultaron absueltos. La Justicia Civil dijo que el plazo de 16 años fue razonable por la naturaleza del delito y la cantidad de imputados

La Justicia Civil rechazó una demanda por $11,3 millones que 10 ex concejales de Las Heras entablaron contra el Gobierno de Mendoza por el escándalo político y judicial de los viáticos de 1992 que los tuvo bajo proceso penal por el delito de peculado.

El Cuarto Tribunal de Gestión Asociada se expidió de este modo en el caso Garín contra el Gobierno de Mendoza por daños y perjuicios.

Uno de los principales protagonistas de esa demanda es el político, ex empleado judicial y ex legislador provincial por el radicalismo Elio Parés, hermano del ex legislador y presidente del Tribunal de Cuentas de Mendoza, Néstor Parés.

Elio Parés -que volvió a ser concejal de Las Heras- reclamó $1.142.000, Raúl Ramallo, $972.000; Héctor Robledo, $1.205.000; Julio Molina, $1.155.000; José Santos Martín, $1.163.000; José Báez, $1.261.200; Norma Prado, $1.530.200; Ignacio Garín, $1.030.000; María Vanini, $760.000 y Ricardo Castaños, $1.120.000.

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Elio Parés inició la demanda civil.

Elio Parés inició la demanda civil.

El motivo

Elio Parés y el resto de los demandantes acudieron a la Justicia Civil bajo el argumento de que el proceso penal que los tuvo como imputados y procesados por el escándalo de los viáticos de Las Heras fue excesivamente largo.

Esa trama se extendió 16 años hasta que fueron absueltos en 2010 de la acusación de peculado.

Que se habían violentado los plazos razonables, expusieron los demandantes, que reclamaron indemnizaciones en dinero a razón de $1 millón per cápita.

Qué dijo la Justicia

"El plazo razonable de duración del proceso penal no puede traducirse en un número fijo de días, meses o años. Por otra parte, la dilación indebida denunciada debe siempre ser verificada en concreto" "El plazo razonable de duración del proceso penal no puede traducirse en un número fijo de días, meses o años. Por otra parte, la dilación indebida denunciada debe siempre ser verificada en concreto"

"En este caso, la complejidad de la investigación constituye un factor relevante a la hora de evaluar si el plazo que insumió el proceso fue razonable, y obedeció, en primer término, al número de partes o implicados en el proceso (más de 20 personas) y la función política que los mismos desempeñaban (eran concejales)" "En este caso, la complejidad de la investigación constituye un factor relevante a la hora de evaluar si el plazo que insumió el proceso fue razonable, y obedeció, en primer término, al número de partes o implicados en el proceso (más de 20 personas) y la función política que los mismos desempeñaban (eran concejales)"

"A ello se le sumaron las dificultades conceptuales que involucra definir el tipo de delito investigado (peculado) y la existencia del elemento subjetivo propio del tipo, como ponen en evidencia los considerandos de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia al resolver la Acción Procesal Administrativa en cuestión"

El escándalo de 1992

En Mendoza gobernaba Rodolfo Gabrielli y era la época dorada de la recordada Naranja Peronista. En Las Heras, el intendente era Guillermo Amstutz, hoy funcionario de Vialidad.

La ordenanza del Concejo Deliberante fijó viáticos de $1.700 para gastos corrientes, suma que superaban los $1.000 de dieta mensual.

La concejala Patricia Gutiérrez, por entonces en las filas del PJ oficialista, denunció la posible comisión de delito y habló de irregularidades, tras lo cual intervino la Justicia.

El entonces juez Adelmo Argüello imputó a 24 concejales por peculado y dio por iniciado un proceso complejo desde lo jurídico-político que culminó en 2010 con la absolución lisa y llana de los señalados.

Este resultado favorable motorizó la demanda Civil por daños y perjuicios, que fue rechazada esta semana.

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