El Senado provincial aprobó este martes la tercera etapa del proceso de revisión y depuración de leyes, conocido como "Ley hojarasca", impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa apunta a reducir la sobrelegislación acumulada y avanzar hacia un marco jurídico más claro, actualizado y eficiente.
El trabajo fue desarrollado durante meses por la Secretaría Legislativa del Senado, a cargo de Lucas Faure, y en esta instancia se centró en el análisis de 303 leyes generales vigentes.
El senador radical Walter Marcolini fue el encargado de explicar de qué se trata la iniciativa, que aún no termina: en breve se pondrá en marcha la cuarta etapa de la iniciativa.
Qué se aprobó en esta etapa
Como resultado del relevamiento, se propuso la derogación total de 149 normas. Dentro de ese grupo se incorporaron además 16 leyes de períodos anteriores que no habían sido contempladas en etapas previas y que también serán eliminadas en su totalidad.
Durante la sesión, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó el tratamiento que recibió el proyecto y destacó que se trata de un proceso dinámico. En ese marco, señaló que el trabajo permitió detectar errores que debieron corregirse, como la restitución de la Ley 1118, vinculada al control bromatológico, que había sido derogada anteriormente.
El legislador detalló que, además de las derogaciones totales, también se avanzó en eliminaciones parciales de normas, lo que amplía el alcance de la depuración normativa.
Cambios incorporados y lo que viene
Marcolini también remarcó los aportes realizados por los distintos bloques legislativos, que permitieron introducir modificaciones al proyecto original. Entre ellas, se decidió mantener vigentes la Ley 4.702, que regula el Círculo de Legisladores de Mendoza, y la Ley 4.366, vinculada a la comercialización estatal de artesanías.
Finalmente, el senador adelantó que el proceso continuará con una cuarta etapa, que abarcará el período comprendido entre 1991 y 1999. La iniciativa forma parte de una política sostenida que busca ordenar y mejorar la calidad del sistema legal provincial.





