"Debería ser obligatorio que los jueces y fiscales realicen su trabajo en las periferias"

"Se formaron equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos, instalados en barrios, especialmente en las parroquias, que es donde comenzó todo", dice. En realidad la primera fue la parroquia en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. "Se trabajó en comunión con el equipo de sacerdotes para villas de emergencias, con Gustavo Carrara, que en ese tiempo era párroco de la villa y que ahora es arzobispo auxiliar de Buenos Aires", recuerda la funcionaria.

Si bien ese fue el inicio, la Dirección es parte de una política pública federal, "que se fue expandiendo y tiene competencia en todo el país. Hay más de 90 Centros de Acceso a la Justicia instalados en todas las provincias".

Los Centros de Acceso a la Justicia de esta Dirección, tienen una importante cantidad de funciones.

Primero, Carpineti remarca que “cada ciudadano que nace, es portador de un conjunto de derechos y el Estado de un conjunto de obligaciones. Los Centros intentan garantizar el acceso a derechos desde una concepción integral, universal y pública”.

Luego está “las brechas de acceso a Justicia para los sectores populares” y la funcionaria marca tres grandes dificultades: “el lenguaje encriptado del sistema judicial formal, el acceso a la consulta legal gratuita y/o al patrocinio, una vez que se agota la vía administrativa y que no hay dispositivos descentralizados territoriales del Poder Judicial de manera masiva” y dice que estos “están, pero son insuficientes”.

Gabriela Carpineti remarca al respecto “el nivel de endogamia y centralización que tiene el Poder Judicial” y sostiene que “acceder a los tribunales y acceder a un abogado para los sectores populares muchas veces implica un problema de accesibilidad física y material” y dice que para resolver esto “hay que construir un lenguaje llano, democrático, lograr que sea inteligible”.

Luego agrega se debe “construir un sistema unificado, universal, público y gratuito de patrocinios jurídicos. No puede ser una inhibición sea no tener plata para acceder a un abogado” y resume: “El problema es la endogamia y la centralización”.

Sobre esto subraya que “debería ser obligatorio que, periódicamente, jueces fiscales defensores realicen su trabajo en las periferias urbanas, donde están concentrados los mayores niveles de desigualdad”.

-Quizás la clave es resolver los conflictos antes de que lleguen a la Justicia Penal porque, como decía Alberto Binder, “la Justicia Penal es una trituradora de carne pobre”…

-Es así. Bider decía, yo me he formado con él, que para medir el estándar de derechos humanos de un país, hay que mirar a las personas privadas de su libertad, hay que mirar a las cárceles. Y él también decía que es muy fácil entrar al sistema penal para los humildes, pero es muy difícil salir. Entonces, cómo hacemos para que la resolución para los sectores populares no sea el Estado Penal, sino el Estado Social y que sea una justicia que pueda entender como atraviesa a los sectores populares los problemas civiles y penales. Y para eso no hay otra forma que conocer, porque nadie puede entender un problema que no conoce. Los agentes públicos tienen que conocer a los sectores populares problemas judiciales. Pero, antes, pueden hacerse muchas cosas antes para resolver de manera alternativa a esos conflictos.

Carpineti insiste en un concepto básico: el acceso a asesoramiento legal debe ser “gratuito, público y universal, en donde que lo económico no sea un factor de brecha de acceso a Justicia”.

Cuenta que la Dirección Nacional de Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia "es un dispositivo que fue desfinanciado y vaciado por el macrismo. Hubo un tercio planta que fue despedido arbitrariamente y perseguido ideológica y políticamente y, después de 4 años de una mirada elitista del acceso a justicia y una mirada estadística individualista del problema, comenzamos un proceso de reconstrucción, con una mirada de trabajo de incidencia colectiva".

La Dirección tiene como prioridad trabajar en las problemáticas comunitarias y que el órgano sea una herramienta federal de acceso a derecho.

Desde el trabajo interdisciplinario sobre violencia de género, la tarea en cuarentena con los trabajadores golondrina que necesitaban volver a sus hogares, el trabajo con las comunidades migrantes, las de las economías populares, las desplazadas de los grandes centros urbanos, los inquilinos, los trabajadores rurales, el abanico al que deben atender es muy amplio.

Sobre los trabajadores y las condiciones en las que realizan sus tareas, Carpineti sostiene que se debe lograr "que no haya ciudadanía de primera, de segunda y de tercera. El Estado Nacional no puede hacer distinción, todos merecen los mismos derechos y la misma atención".

Alberto, Grabois y Francisco

Gabriela Carpineti tiene 35 años y es abogada. Cuenta que ha visto una sola vez a Alberto Fernández, cuando "iniciaba su campaña en las PASO" y recuerda que ella le dijo "cómo él y Juan Grabois habían tendido una influencia muy positiva en Cristina (Fernández de Kirchner), aportaron una dosis de debate que, en los últimos años, nos hacía falta para unificar criterios para relanzar un proyecto nacional común".

Reconoce que "hoy soy funcionaria, pero soy integrante de Patria Grande, el movimiento que lidera Juan Grabois y soy parte de esta coalición de gobierno, que es muy amplia y respeta la diversidad" y sostiene que los integrantes de Patria Grande "somos defensores del desarrollo de la agenda de políticas públicas, que es la de tierra, techo y trabajo. Y a eso nos debemos y ese fue nuestro contrato electoral".

-¿Son gente de Francisco (el Papa)?

-Francisco no tiene gente. Tiene una prédica y muchos de los que componemos este movimiento asumimos los dichos de Francisco como un discurso esperanzador en este momento que le toca vivir a la Humanidad. Es un discurso político, espiritual, de fuerte raigambre humanista, que nos alumbra y nos ilumina, para pensar que otra humanidad es posible. Una humanidad sin exclusión, sin descarte, solidaria, con un vínculo distinto con la madre tierra y, fundamentalmente, entre los seres humanos. Sin excluidos ni explotadores.

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