Tras aprobarse el proyecto de ley del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, bautizado por muchos como impuesto la riqueza, a pesar de que debe pagarse sólo una vez, la pregunta del millón es a quiénes afectará. Los principales portales de noticias económicas del país ya dieron a conocer algunos resúmenes para entender a quiénes alcanza la iniciativada votada en la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Unas 12 mil personas deberían pagarlo según cálculos del Gobierno de la Nación.

El proyecto comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto del Senado el próximo martes y se prevé un tratamiento rápido. Horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa impulsada por el oficialismo, la comisión que preside el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) convocó a una reunión para el 24 de noviembre a las 15, con el fin de iniciar el trámite.

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En la Cámara alta el Frente de Todos cuenta con una holgada mayoría que le permitirá emitir el dictamen favorable de la comisión y aprobar la ley con mayor celeridad que la que le imprimió Diputados, donde el oficialismo necesitó sumar aliados.

La iniciativa impulsada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, establece un aporte extraordinario para aquellos patrimonios que sean superiores a los 200 millones de pesos.

El también llamado "impuesto a la riqueza" busca recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para ser destinados a la atención de problemas sociales y sanitarios vinculados con la pandemia de Covid-19.

El proyecto fue aprobado por la Cámara baja con 133 votos a favor y 115 en contra y el oficialismo contó con el acompañamiento de otras bancadas y de legisladores que responden a los gobernadores radicales, como los jujeños Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti.

Quiénes pagan

Están alcanzadas por el aporte extraordinario "las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país", los argentinos con residencia fiscal en paraísos fiscales y los argentinos que tienen residencia en el exterior (pero en este caso exclusivamente por sus bienes en el país) cuando sus bienes declarados superen los 200 millones de pesos. El texto aprobado establece como fecha de valuación el día de promulgación de la ley.

La redacción final deja afuera a las empresas, uno de los puntos que más controversia había generado al anunciarse la idea. Sin embargo, las participaciones en empresas sí cuentan, lo que podría implicar un desaliento a la inversión, según la oposición.

Qué se paga

Por patrimonios declarados entre 200 y 300 millones de pesos, se pagará una alícuota de 2% sobre el total de los bienes. Es decir, cada contribuyente en esa categoría debería abonar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 4 y 6 millones de pesos.

A quienes tienen declarados entre $300 millones y $400 millones les tocaría pagar $6 millones más un 2,25% sobre el excedente de $300 millones. O sea, que podría incrementarse el tributo en hasta otros $2,2 millones.

Para patrimonios entre $400 y $600 millones se incrementa el pago a $8,25 millones más un 2,5% sobre el excedente de $400 millones. En el máximo de esta categoría el monto total superaría los 13 millones de pesos.

Hay más escalas hasta llegar a la última, para patrimonios superiores a $3.000 millones, a quienes se les cobrará una base de $88,5 millones más un 3,5% sobre el excedente.

El proyecto no contempla la existencia de una doble tributación, como decían empresarios, contadores y dirigentes de la oposición, ya que esos patrimonios ya están alcanzados por el Impuesto a los Bienes Personales.

Bienes en el exterior

Por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota correspondiente. Pero se abre una ventana para evitar ese salto tributario: repatriar al menos un 30% de las tenencias declaradas fuera del país en un término de 30 días desde la entrada en vigor de la ley.

Destino de los fondos

La mayor porción, un 25%, irá para programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de la empresa estatal Enarsa en acuerdo con YPF.

Un 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria vinculada a la pandemia.

Otro 20% iría al programa de becas Progresar, del Ministerio de Educación.

Otro 20% será para subsidios a pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia.

Por último, el 15% se destinará a programas para mejoras habitacionales y sanitarias de barrios populares.

Fuentes: La Nación y medios.