La Suprema Corte dio marcha atrás al suspender la aplicación de la acordada 29.489 que disponía el traslado de personal de los juzgados civiles a los de familia y minoridad, y que desató un mes de rebelión de 30 jueces de primera instancia.
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El máximo tribunal de Justicia arribó a esta decisión tras un acuerdo firmado este jueves con la Asociación de Magistrados como consecuencia de las protestas públicas de los jueces civilistas que se declararon perjudicados por la acordada "de la discordia", como la definió Jorge Nanclares.
A las 14 terminó en el Palacio Judicial una serie de tres reuniones celebradas esta semana entre la Corte y los usías. Finalmente, y como anticipó Diario UNO, hubo humo blanco en los tribunales.
Sin embargo, la Corte no abandona la idea de dotar a los juzgados de Familia de los recursos necesarios para un mejor funcionamiento. Y más eficaz. Por eso, en el documento firmado por Nanclares y Silvina Furlotti (Asociación de Magistrados) quedó plasmado que la futura reforma del sistema de gestión se hará por ley. Y que para arribar a un proyecto de ese calibre primero deberá trabajarlo una comisión de especialistas de ambas partes. Es decir, una solución a futuro.
Las dos partes debieron ceder para que hubiera acuerdo: la Corte frenó la acordada firmada por Nanclares, Julio Gómez y Omar Palermo y los magistrados aceptaron que a unos pocos de sus funcionarios se les asignara un nuevo destino laboral. Este es el caso de tres secretarios.
La redistribución de los prosecretarios, uno de los puntos más cuestionados, quedó sin efecto tras las negociaciones.
Aún así, para contar a futuro con 6 prosecretarios, se dispuso la apertura de un registro de aspirantes a desarrollar esa función en el fuero de Familia.
En este juego de ceder en favor de la paz común, algunos funcionarios volverán a sus cargos del fuero Civil.
También se decidió que la incorporación de dos juzgados civiles al sistema asociado quede para más adelante: para cuando haya una ley acorde.
El estallido
La acordada 29.489 fue una bomba que estalló dentro de la Suprema Corte pero también afuera.
Adentro, porque los cuatro supremos que no la habían firmado (Llorente, Adaro, Garay y Valerio) se enteraron por los diarios de semejante reforma, equiparable a una reforma política fuerte, de esas que precisan el acuerdo plenario de la Corte. Es decir de los 7 supremos y no de tres.
Afuera, porque pusieron en pie de guerra a los civilistas que rechazaron que les quitaran personal en nombre de que las mejoras logradas estos años gracias a la oralidad de los procesos, iban a perderse rápidamente.
Tan fuerte fue el enojo de los jueces que faltaron al tradicional acto de inicio del año judicial hace una semana. Y de yapa, acudieron al Poder Ejecutivo en busca de respaldo para que todo discurriera hacia lo que finalmente ocurrió: el cese de la acordada.
Hubo picotazos a diestra y siniestra: Nanclares los trató de hijos díscolos y defendió la legalidad de la decisión basándose en la Constitución y los jueces apoyaron la judicialización del conflicto, a tal punto que hoy está en manos de un conjuez una presentación hecha por los funcionarios agremiados.