La Suprema Corte de Justicia intenta apagar uno de los tantos incendios que aquejan a la política tribunalicia en las últimas semanas: la rebelión de los 30 jueces civilistas que rechazan el traspaso de parte de su personal al fuero de Familia, tal como se dispuso en una acordada.
Te puede interesar: Una docente mendocina pidió ayuda para un alumno y hasta Oberto respondió
Diálogo restablecido, solución negociada con ganadores y perdedores por igual y final del conflicto. El humo blanco comienza, lentamente, a poblar el cielo del Barrio Cívico.
Lograr otro objetivo es parte del acuerdo: que las partes sufran el menor daño colateral posible porque la vida tribunalicia no debe detenerse.
Entre este miércoles y jueves podrán contabilizarse dos reuniones destinadas a aplacar los ánimos caldeados, lo que derivó en la judicialización del conflicto a través de una acción de amparo.
Este miércoles, Jorge Nanclares, Omar Palermo y Julio Gómez, miembros de la Sala 3 de la Corte, es decir los que firmaron la acordada "de la discordia", según Nanclares, recibieron a los usías quejosos y también a la Asociación de Magistrados.
A la mesa de negociaciones se sumaron los supremos Dalmiro Garay y Mario Adaro.
El cónclave se repetirá este jueves en el cuarto piso del Palacio Judicial.
Destrabar el conflicto es la consigna de la Corte. Pero rápidamente. A más tardar el viernes o el lunes cuando venza el plazo para que el Fiscal de Estado, Fernando Simón, dictamine sobre el planteo que los judiciales llevaron a la Corte y que deberá ser resuelto por el abogado y conjuez de la Corte Sergio Boverman, salvo que haya acuerdo y el caso devenga en abstracto, es decir que no haya litigio que resolver.
La acordada de traspaso de judiciales del fuero Civil a Familia derivó en un conflicto histórico que repercutió, la semana pasada, en la ausencia de los civilistas en el tradicional acto de apertura del año judicial.
Al cierre, Nanclares defendió a capa y espada la legalidad de la decisión de sacarles empleados a los civilistas para dárselos a los juzgados de Familia. Se declaró avalado por la Constitución y la necesidad de defender la oralidad de los procesos en Familia como una estrategia para remontar el colapso en ese fuero, estrategia que había dado grandiosos resultados en el fuero Civil y Comercial.