La maniobra de fraude no fue burda, pero al final resultó simple. Entre Oyhenart y Pandolfi, junto a otros funcionarios y por presumible orden de Janina Ortiz y Orozco, habrían “reactivado” cooperativas abandonadas, a las que luego les “encargaron” trabajos municipales que no se pudieron verificar o que directamente no existieron. Los integrantes reales de la cooperativa no se enteraban de nada, y usaron a personas de confianza de Oyhenart para cobrar y distribuir el dinero. No habría por el momento en esta fase del caso una hipótesis de enriquecimiento (probablemente lo hubo), pero sí de fraude. Y de que ese dinero que se sacaba de la municipalidad de manera ilegal, habría sido usado para financiar actividades del partido opositor “La Unión Mendocina” y de la fallida campaña “Janina Intendenta”. Con la causa avanzada y Juan Ticheli como nuevo fiscal del caso, hubo varias novedades. Incluso la aparición de un arrepentido, que se frustró a último momento: Dijo tener miedo que lo maten a él, o a alguien de su familia.
Ahora, ya entrado 2024, “pasaron cosas”.
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La diputada Janina Ortiz (La Unión Mendocina) y a su esposo y ex intendente Daniel Orozco una de las veces que tuvieron que visitar Tribunales.
Nicolás Rios
La audiencia de ayer
La cinta sin fin de bloquear imputaciones de Janina Ortiz tuvo ayer un nuevo capítulo. Como se sabe, tanto la diputada electa el año pasado como su esposo el ex intendente Orozco, habían dicho varias veces que se someterían a la justicia. Pero la eludieron todo lo posible. Al menos, la legisladora. Orozco no apeló el estado de imputación por fraude y se defenderá a medida que avance el caso.
Ayer sesionó el Tribunal Penal Colegiado número 1, integrado por la jueza Claudia Vallejo, y los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio y Agustín Chacón De la Fuente. Empezaron a tratar un pedido de nulidad del avoque de imputación interpuesto por Ortiz, que ya había sido rechazado por el fiscal D’Amore y por la jueza de Garantías Dolores Ramón. El plan de la diputada es “sembrar” apelaciones sucesivas, recursos ante cámaras, la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales internacionales, e intentar cumplir su mandato de legisladora sin ser imputada ni juzgada por corrupción. Puede que lo logre, los tiempos judiciales son lentos. Ayer la audiencia fue muy extensa, con numerosas alegaciones de las partes. La jueza Vallejo que presidió el tribunal pidió el expediente para analizarlo, por la complejidad del caso y por el tiempo transcurrido. Y el TP1 pasó a cuarto intermedio para dictar sentencia, por lo que la imputación formal de Ortiz -que no tiene fueros legislativos casi desde que pisó la Legislatura como diputada, porque se los quitaron a pedido del fiscal- deberá esperar semanas, tal vez meses. Vallejo no es una magistrada más. Es la esposa del juez Omar Palermo, uno de los referentes de extracción peronista de la Suprema Corte local y del ala garantista. La jueza Vallejo es presidenta de un tribunal penal de menores, pero está subrogando a un juez de adultos.
Colgados del travesaño
La batería defensiva de Ortiz tiene una saga de novela policial. El 25 de octubre del año pasado, el fiscal Flavio D'Amore amplió las imputaciones del caso “cooperativa fantasma”. Janina Ortiz había declarado en “informativa”, luego de varias vueltas. Para ampliar el círculo de acusados el fiscal se basó en informes del Tribunal de Cuentas y en información sensible recabada en uno de los celulares de Juan Pablo Pandolfi, el yerno de Osvaldo Oyhenart, los primeros imputados el año pasado. Allí habría mensajes muy importantes que permitirían inferir la responsabilidad de la diputada en el fraude. En esa resolución de octubre, el fiscal imputó a Janina Ortiz, a Daniel Orozco, al ex jefe de licencias de conducir Matías Mostaccio, al ex Director de Compras y Suministros Mauricio Rafael Valle, al ex Secretario de Hacienda Carlos Arturo Nofal, al ex Director de Asuntos Legales Mauro Homan, al ex Subdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera, y al “presidente” de la cooperativa “Manos a la Obra”, Adrián “El Moco” Pérez, un changarín iletrado que hacía tareas en la oficina de Oyhenart y que cobraba cheques multimillonarios de la cooperativa. En ese nuevo avoque D’Amore insistió con las imputaciones primarias a Oyhenart y su yerno Pandolfi. De todos ellos, sólo plantearon apelaciones Ortiz, y Homan. Este último caso generó ruido político. La participación de Homan en toda esta trama fue la de intentar ayudar -en medio de la desesperación- a las empleadas coaccionadas por Janina Ortiz. De hecho, fue uno de los expulsados de la gestión de Orozco, y regresó ahora con el nuevo intendente, Francisco “Pancho” Lo Presti. El dilema con la apelación de Homan, es que lo terminó emparentando con la estrategia defensiva de resistencia infinita de la diputada Ortiz.
Dos días después de la imputación llegó el primer pedido de nulidad de la diputada, que ya fue rechazado por el fiscal y por la jueza de garantías Dolores Ramón. Fue allí cuando invocó su condición de diputada electa, y D’Amore terminó pidiendo el desafuero previa consulta hacia sus jefes Alejandro Iturbe y Gonzalo Nazar. La legislatura votó a favor del pedido para que la diputada sea juzgada. Ortiz rechazó el desafuero ante la fiscalía, ante la jueza Ramón, y planteó un incidente en la Suprema Corte, que se tomará sus tiempos antes de decidir nada, ya que es una causa sin detenidos. La causa por coacción también tiene una imputación accidentada contra Ortiz. Hizo planteos similares, y terminó en casación también en el máximo tribunal mendocino.
Pese a que si es formalmente imputada tendría mejores herramientas para defenderse, la diputada eligió el camino de la dilación permanente entre jueces, fiscales, tribunales, diputados, y la propia Corte. Se está burlando de todos. Incluso de la gente que la votó.
La pregunta que cabe ahora, es si la Legislatura la puede suspender aunque aún no se haya probado un delito. Y la respuesta es “Sí”.
El camino de la suspensión
Janina Ortiz podría ser suspendida de su banca por la Cámara de Diputados, y aún removida, aunque aún no esté condenada. Su bloqueo permanente a la Justicia para evitar ser investigada por corrupción podría ser considerado un motivo de “indignidad” para ejercer el cargo. Aunque para suspenderla, o echarla de la casa tipo “Gran Hermano”, harán falta dos tercios de los votos, algo difícil de conseguir.
Dice el artículo 91 de la Constitución de la Provincia: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”. Algunas de estas son causas subjetivas, por lo tanto su aplicación depende del debate político y de interpretaciones. Lo que debe establecerse es si al eludir a la justicia excediendo con creces el derecho que todos tenemos a defendernos, la diputada Ortiz cayó en “desorden de conducta”, “indignidad”, o “inhabilidad moral”. Muchos de los legisladores tienen capturas de los mensajes que la diputada habría enviado -cuando era funcionaria de Orozco- a una empleada, coaccionando a otra para que se acueste con Osvaldo Oyhenart y lo grabe. Ese registro de casi media hora fue el inicio de la investigación periodística que derivó en la causa por fraude contra los ex funcionarios y la diputada, por $35.511.386,14. En la saga de mensajes del caso, lo que sobra es “indignidad”.
De la norma constitucional se entiende que la Cámara tiene la potestad de aplicar sanciones disciplinarias a sus miembros. Es una facultad política discrecional. La contraindicación sería la victimización eterna de la legisladora. Podría ocurrir. Eludir a la justicia con recursos a repetición no es un delito en sí, pero sí es incompatible con la dignidad y la supuesta honorabilidad de una Legislatura. La diputada está comprometida en un escándalo público de proporciones, puede que en el mayor caso de corrupción política desde el Caso Lobos, o aún mayor. ¿No es eso un motivo de “indignidad”? Sí, pero sería difícil para el oficialismo llegar a un acuerdo de “dos tercios” con el objetivo de excluirla del cuerpo. Cambia Mendoza, es decir la UCR con todos sus aliados y algunos votos “prestados”, podría llegar a 29 de los 32 sufragios que necesitan para suspender a Ortiz. Si el peronismo, o una parte, se suma, estarían sobrados. Lo mismo si algunos “ex” de La Unión Mendocina aportan su voto.
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Osvaldo Oyhenart, el ex subsecretario de políticas sociales del municipio.
El arrepentido
Para terminar esta “puesta a punto” del Caso Cooperativa Fantasma, vale la pena contar qué pasó con Osvaldo Oyhenart, el ex subsecretario de políticas sociales del municipio. Junto a su yerno Juan Pablo Pandolfi son los más complicados en las operaciones financieras de “Manos a la Obra”, por un lado, y en la contratación, control y pagos de la entidad asociativa trucha, por el otro. El año pasado, sobre fin de año, corrió fuerte un rumor sobre Oyhenart, abandonado a su suerte por Orozco y Ortiz. Se decía que estaría dispuesto a declarar como “arrepentido” para aliviar su situación. Hubo un preacuerdo, pero se acabó cuando le pidieron que entregue las claves de sus teléfonos. Antes, su computadora “desaparecida” de su oficina municipal había sido hallada en el allanamiento al domicilio de una ex funcionaria de su confianza, Romina Zalazar. Oyhenart no entregó las claves, porque no le habrían asegurado cambios en la calificación del delito y además, habría dicho que tenía miedo por su vida. “Los teléfonos, no… si te doy las claves, puedo aparecer muerto, o algo le puede pasar a alguien de mi familia” habría expresado al “negociador”. No hay que tomar a la liviana las cosas que pasan en Las Heras. En lo que va del año hubo diez “ajustes de cuentas”, algunos con muertos, a balazos o puñaladas. Oyhenart sabe de lo que habla. Eso sí, el peritaje sobre su teléfono no está terminado. El aparato principal no lo pudieron abrir. Habría sido enviado a Buenos Aires, a una división federal de delitos tecnológicos.
La ficha que resume el caso
- Imputados: 10 acusados, entre ellos Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart.
- Fiscales: Juan Ticheli (investigador) y Alejandro Iturbe (jefe)
- Ex fiscal: Flavio D’Amore
- Monto del fraude: $35.511.386,14
- Calificación: Fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel contra la Municipalidad de Las Heras, en concurso real con uso de documento público falso.
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