Debate en el Congreso

Cómo votaron los diez diputados nacionales mendocinos la ley de financiamiento universitario

De los diez diputados mendocinos, cinco expresaron a favor, tres lo hicieron en contra y dos se ausentaron a la hora de la votación

Por UNO

La iniciativa fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entre quienes está la titular de la UNCuyo, Esther Sanchez, y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

El proyecto será girado al Senado de la Nación en las próximas horas y tendría un panorama auspicioso para su sanción definitiva, aunque se estima que cuando se convierta en ley el presidente Javier Milei la vetará como ya lo hizo el año pasado.

Cámara de Diputados de la Nación
El tablero muestra el resultado de la votación en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.

El tablero muestra el resultado de la votación en la Cámara de Diputados a la ley de financiamiento universitario.

Los votos de los 10 diputados nacionales mendocinos

De los 158 votos afirmativos, 5 son mendocinos. Se trata de los aportados por los peronistas Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro; el radical Julio Cobos y la ex libertaria Lourdes Arrieta, ahora representante del espacio Tranformación.

En forma negativa se expresaron los tres libertarios: Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez.

Los otros dos representantes del radicalismo -Lisandro Nieri y Pamela Verasay- estuvieron ausentes cuando se hizo la votación.

La ley aprobada propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento para establecimientos universitarios, hospitales universitarios, ciencia y técnica y actividades de extensión universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.