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Al menos por ahora, no acompañaron el pedido los diputados mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Presupuesto Financiero
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que hará lo mismo con "cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal".
La decisión se publicó este jueves en el Boletín Oficial, horas después de la masiva movilización que se realizó en el Congreso y diversos sitios del país, entre ellos Mendoza, en contra el veto que ya había anticipado Milei.
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"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal", arrancó el comunicado que difundió el gobierno por medio de sus redes sociales en la tarde del miércoles.
Asimismo, añadió: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".
"El gobierno reafirma su compromiso con las universidades nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica", indicó el texto de la Oficina del Presidente en X.
¿Qué es la Ley de Presupuesto Financiero que vetó Javier Milei?
La norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y extensión en las universidades.
En cuanto a salarios, la iniciativa establece la obligatoriedad de recomponer lo perdido desde el 1 de enero de 2024 y luego actualizar hasta el 31 de diciembre de forma mensual de acuerdo a la variación de precios informada por el INDEC.
Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral.
La ley, de no vetarse, generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.