La investigación judicial que acorrala al juez federal Walter Bento por delitos de corrupción incluye un capítulo colateral que protagonizaron dos mujeres: la esposa del magistrado y una funcionaria del Juzgado Federal 3, donde se tramita la pesquisa.

Se trata de Marta Isabel Boiza de Bento, que es empleada judicial, e Ivana Aramendi, a cargo de la Secretaría Penal E del juzgado instructor.

No es un capítulo menor ya que versa sobre una condición indispensable en toda causa judicial: la imparcialidad.

Días atrás, ambas mujeres acudieron al juez Eduardo Puigdéngolas y al fiscal general Dante Vega y solicitaron, a través de presentaciones distintas, que Aramendi fuera apartada de la investigación contra Bento, un grupo de abogados e internos de la Penitenciaría por el cobro y pago de coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables.

La misma Aramendi advirtió de que seguir siendo parte de la pesquisa le generaba una situación "moralmente violenta que podría afectar mi parcialidad y estabilidad emocional", dijo textualmente.

Sin embargo, Vega rechazó esa pretensión y confirmó a la secretaria del Juzgado federal 3 como parte del equipo que trabaja en la instrucción de la causa judicial que pone en peligro la carrera e incluso la libertad del juez federal con competencia electoral.

Motivos

Aramendi fue la primera en gestionar su salida. El 13 de abril, cuando Bento ya estaba en serios problemas judiciales, la secretaria judicial pidió ser apartada pero el fiscal general Vega rechazó el planteo.

Ella había explicado, lo que es público y notorio en el mundillo judicial, que trabaja con Bento desde hace varios años y que tenerlo como investigado le resultaba cuanto menos incómodo desde lo personal.

¿Por qué? Porque había recibido órdenes de Bento durante años cuando éste remplazaba temporalmente al juez Alfredo Manuel Rodríguez en el Juzgado Federal 3, y porque las recibe desde que el nuevo juez, Marcelo Garnica, sucesor de Rodríguez, se ausenta por vacaciones o alguna otra razón.

La segunda vez, Aramendi tuvo otra razón importante para insistir: la esposa de Bento terminaba de recusarla y de pedirle al juez Puigdengolas que la apartara.

¿Por qué? Porque en 2006 ambas protagonizaron un incidente en los tribunales federales, porque tras una presentación de Aramendi se iniciaron actuaciones administrativas y porque, según Boiza, la continuidad de Aramendi en la pesquisa contra su esposo ponía en riesgo "el correcto trámite procesal". Incluso habló de "temores de parcialidad".

Finalmente, con fechas 20 y 27 de abril, Vega y Puigdengolas, cada uno a su turno, rechazaron los planteos de Aramendi y Boiza. Por ello, la intervención de la secretaria judicial en la pesquisa contra Bento y otros imputados quedó confirmada.

"No existen motivos serios que permitan dudar de la idoneidad objetiva (de Aramendi)", dijo el juez cuando resolvió el planteo de la esposa de Bento.

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