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El proyecto modifica el artículo 140 y 56 de la ley 24660 y el 14 del Código Penal impidiendo que quienes cometieron delitos contra la Administración Pública puedan acogerse a los beneficios.
"No puede haber condenas que, pasadas por el proceso de ejecución de la pena, terminen en indultos encubiertos a partir de jueces indulgentes que otorgan indebidamente beneficios, tratándose de delitos de corrupción se debe exigir el cumplimiento íntegro de la pena sin posibilidad de beneficios y eso debe surgir expresamente de la ley y no de la voluntad y discrecionalidad de los jueces", se quejó Petri.
El legislador, que fue el autor de la ley provincial que limitó los beneficios carcelarios en Mendoza en el 2012, recordó:"Los beneficios por estímulos educativos fueron pensados para otorgar herramientas a quienes cometieron delitos para reintegrarse a la sociedad y no como atajos para aligerar la pena, trampeando el fin de la norma" concluyó.
El proyecto también lleva la firma de Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Luis Juez, Álvaro Lamadrid, Carla Piccolomini, Omar de Marchi, Soher El Sukaria, Héctor Antonio Stefani, Francisco Sanchez, Julio Sahad, Adriana Ruarte, entre otros.