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Casi 18 años años esperando un fallo por enfermedad: el drama de la jueza del caso Guardati

La jueza Estela Garritano de Cejas se jubiló en 2001 por incapacidad; luego inició el juicio que todavía no tiene sentencia. El expediente jubilatorio desapareció

Sabido es que los juicios laborales por accidentes o enfermedades no se resuelven de un día para el otro y que las sentencias indemnizatorias por incapacidad suelen tardar años. Varios años. Básicamente porque esos expedientes requieren de la intervención de peritos y juntas médicas y la realización de largos tratamientos y estudios de alta complejidad para determinar porcentajes de incapacidad física o psicológica, claves para definir cuánto dinero deberán pagan los empleadores y las ART a los empleados afectados.

Sin embargo, el caso de la ex jueza Estela Iris Garritano de Cejas, quien se jubiló por incapacidad en 2001, podría ser llevado al Libro Guinness de los Récords Mundiales porque la demanda que inició al Gobierno de Mendoza por la enfermedad que la obligó a dejar el cargo lleva 17 años y 9 meses tramitándose en la Justicia Laboral. Y sin plazo de terminación a la vista.

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Ella

Hoy Garritano tiene 70 años y cuando renunció para jubilarse por incapacidad tenía 50 años. Dos años después inició el juicio contra el Gobierno de Mendoza, su empleador directo, y en los últimos años amplió la demanda contra la ART Prevención.

Fue jueza durante 10 años y 3 meses pero el último tramo de su carrera estuvo marcado por severos problemas de salud física y psicológica y las consecuentes licencias por enfermedad. Cada vez se la veía menos en los tribunales: era el prólogo de su prematura salida de la Justicia.

Había accedido a ese puesto en noviembre de 1990, cuando el justicialista José Octavio Bordón era gobernador de Mendoza. En aquellas épocas nadie rendía para ser juez porque no existían los concursos. Entonces, las designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos y otros funcionarios de la Justicia provincial y federal corrían por cuenta de los partidos políticos. O de los contactos empresariales, religiosos y sociales.

Garritano de Cejas siempre estuvo al frente del Primer Juzgado de Instrucción y tuvo su despacho en el ala sur de los tribunales, en cuyas oficinas y salas de debates se investigaban y juzgaban los casos criminales.

En el argot judicial era más conocida como "la Garritano". Había ingresado al Poder Judicial después del retorno de la democracia, a mediados de los ´80, durante el gobierno de Felipe Llaver. Su renuncia al cargo fue confirmada a comienzos del grave año 2001 por otro gobernador radical: Roberto Iglesias, que la oficializó mediante el decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 505.

El pleito en cuestión

El expediente con la demanda laboral ingresó a los tribunales el 28 de febrero de 2003. El reclamo indemnizatorio original es por $220.000, monto que deberá ser actualizado cuando haya una sentencia. Se descuenta que los intereses acumulados lo transformarán en una cifra varias veces millonaria.

Interviene la Cuarta Cámara del Trabajo situada en el edificio judicial de San Martín 322 de Ciudad. Los jueces, Leandro Fretes, Fernando Nicolau y Marinés Babugia, promedian los 43 años de edad y apenas estaban recibiéndose de abogados cuando Garritano de Cejas inició el pleito por la enfermedad que la incapacitó para seguir trabajando.

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En San Martín 322 de Ciudad funciona la Justicia Laboral del Gran Mendoza.

En San Martín 322 de Ciudad funciona la Justicia Laboral del Gran Mendoza.

Durante los 17 años y 9 meses transcurridos desde entonces pasó de todo: los jueces naturales se jubilaron -se trata de Rosa Vargas, Pedro Aldunate y Alba Scokin-; en la Cuarta Cámara del Trabajo alternaron usías titulares y subrogantes, cambiaron las leyes laborales y los códigos procesales, las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo entraron en escena y asumieron nuevos magistrados.Y siguieron entrando nuevas causas. Y los expedientes siguieron apilándose en los despachos. En las oficinas. Hasta en los pasillos, dificultando la libre circulación de empleados, funcionarios y abogados.

La vida misma pasó. Excepto para el expediente en cuestión, que durante varias etapas estuvo paralizado porque las partes en conflicto -Garritano de Cejas a través de su abogado y el Estado mendocino- no aportaron nuevos elementos de prueba. No movieron el expediente, como dicen en los pasillos de los tribunales. Pasado en limpio: la morosidad no siempre es responsabilidad exclusiva del sistema judicial o de los jueces, porque la inacción de las partes puede ser definitiva, sobre todo en un fuero judicial colapsado como históricamente ha sido el del Trabajo.

La prueba desaparecida

La demanda laboral de Garritano de Cejas está trabada en la Justicia porque falta una prueba. Pero no de ahora. Ya en el 2006 los jueces Vargas, Aldunate y Scokin le exigieron que presentara el expediente de ANSES donde consta que se jubiló por la incapacidad que le produjo una enfermedad contraida durante el ejercicio de la función de magistrada. Como titular del Primer Juzgado de Instrucción.

Dicen que ese expediente previsional se quemó durante un incendio en un depósito de ANSES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, durante los últimos años, más precisamente en 2014, 2015 y 2016, los actuales jueces de la Cuarta Cámara del Trabajo reclamaron a ANSES que mande esas actuaciones. Lo hicieron a través de varios oficios judiciales urgentes. Pero hasta ahora el expediente jubilatorio sigue desaparecido.

¿Qué puede pasar de ahora en más? Frente este tipo de encrucijadas, algunos especialistas consideran que lo mejor es citar a las partes en conflicto para arribar a un acuerdo acerca de la necesidad -o no- de tener esa prueba en el juicio laboral.

En caso de no haber acuerdo, los jueces Nicolau, Fretes y Babugia deberán decidir. Y eso será clave para el futuro del pleito de la ex jueza.

Aunque remota, hay otra chance: la reconstrucción de aquel expediente de ANSES, al menos en cuanto a la documentación posible de rehacer. Pero eso llevaría mucho tiempo.

El ritmo

La demanda de Garritano de Cejas avanzó a la clásica velocidad tribunalicia durante los primeros 6 años, es decir hasta el 2009. Pero en 2012 se paralizó por la inacción de las partes.

Un año después, a pedido de la demandante, la Cuarta Cámara del Trabajó la desparalizó -ese término no es solo coloquial sino que corresponde a la acción judicial necesaria para reactivar los expedientes inactivos sin que caduquen los plazos procesales fijados por ley-.

En 2014 se incorporaron informes médicos acerca de la salud de la ex magistrada y hasta 2016 inclusive la Cuarta Cámara le pidió a ANSES que le mande el expediente jubilatorio.

En 2018 nadie hizo nada: no hubo movimientos. Ya desde 2019 a la fecha se han producido algunas acciones que lo mantienen activo.

Ella, Guardati y El Pilo

En sus horas de jueza, Garritano de Cejas estuvo temporalmente al frente de la investigación por la desaparición de Paulo Cristian Guardati, caso emblemático de desaparición forzosa de personas en democracia ocurrido en 1992 que todavía sigue impune.

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La imagen emblemática de Guardati: el expediente por su desaparición estuvo a cargo de Garritano de Cejas.

La imagen emblemática de Guardati: el expediente por su desaparición estuvo a cargo de Garritano de Cejas.

Integró la larguísima lista de jueces instructores que cubrieron, por días o semanas, la vacante del Segundo Juzgado por ausencia de usía titular. Quienes la trataron directamente aseguran que la tensión de esa pesquisa afectaron seriamente su salud.

El 9 de febrero de 1993 (nueve meses después del hecho) la jueza procesó a cuatro policías por prevención ilegítima de la libertad y homicidio calificado en perjuicio de Guardati. A uno lo señaló como el autor de la captura del muchacho de 21 años.

Ya en 1996, Garritano de Cejas, ahora sí desde su función como titular del Primer Juzgado de Instrucción, pidió la indagatoria de José Octavio Bordón por fraude al Estado.

Al ex gobernador de Mendoza (1987-1991) lo imputó por el delito de fraude a la administración pública en la polémica contratación de equipos y licencias informáticas del gigante IBM para uso del Estado de Mendoza, firmada a fines del mandato del justicialista.

Cuando Garritano lo puso en la mira judicial, Bordón venía de perder las elecciones presidenciales de 1995 con Carlos Menem, que gobernó el país hasta 1999.