El Gobierno de Javier Milei intervino este jueves la empresa estatal Corredores Viales S.A. en el marco del proceso de privatizaciones de las rutas nacionales y de la compañía, dispuesto en la Ley Bases, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
Auditorias de gestión
Antes de las privatizaciones de las rutas y peajes nacionales Milei intervino Corredores Viales
Corredores Viales es clave para la infraestructura vial del país. La idea del Gobierno es optimizar la gestión de las rutas y peajes para las privatizaciones
Rutas nacionales. Corredores Viales fue intervenido antes de las privatizaciones.
Uno de los tramos de los Corredores Viales es el Tramo VIII en la ruta 7 que corresponde desde el límite entre San Luis y Mendoza hasta Palmira y se trata de 132,21 kilómetros.
Mediante un decreto se designó a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, con amplias facultades para llevar adelante una auditoría integral y asegurar el funcionamiento durante la transición, explicaron.
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Rutas nacionales y privatizaciones
Adem, militante cercana al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, asumirá las funciones del Directorio y estará facultada para realizar auditorías de gestión, revisar la administración de contrataciones, evaluar el estado financiero y operativo de la empresa, y proponer reformas estatutarias.
La interventora podrá designar y remover personal, operar y mantener la sociedad hasta su eventual disolución, y deberá rendir cuentas al Ministerio de Economía.
Corredores Viales S.A. fue creada en 2017 y actualmente está bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la concesión de numerosas rutas nacionales y el acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
En 2023, la empresa registró un resultado negativo de $142.205 millones y pérdidas acumuladas de $268.676 millones, dependiendo en gran medida de transferencias del Tesoro Nacional para mantener sus operaciones. Además, aproximadamente el 45% de las rutas bajo su administración no se encuentran en óptimas condiciones, afectando la conectividad y seguridad vial en el país.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de "optimizar la gestión administrativa" de la empresa y "sostener su funcionamiento durante el período de transición", asegurando que el proceso se llevará adelante con criterios de transparencia, eficiencia y protección de los derechos de los usuarios.
El decreto también instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a colaborar en el proceso, que contempla una auditoría de inicio y de cierre y la eventual liquidación de la sociedad.
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