La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) repudió la violencia verbal que ejerció este miércoles un paciente contra una médica de Tunuyán, porque pretendía ser atendido con mayor rapidez, cuando la profesional tenía el consultorio colapsado y no daba abasto. Por ello, pidió la aplicación de multas de hasta $36.000.
AMPROS repudió la violencia contra los trabajadores de la Salud y exigió la aplicación de multas
Esta entidad gremial realizó recorridas en las últimas 24 horas en todos los efectores de salud y advirtió que los trabajadores fueron agredidos en varios lugares. Por tal motivo y ante el crecimiento de la tercera ola de Covid en Mendoza, exigió la “aplicación del artículo 51 del Código Contravencional de Mendoza que contempla multas de $24.000 hasta $36.000 y hasta 12 días de arresto para quienes agredan u ofendan a personas que trabajan en el ámbito sanitario”, enfatizó Claudia Iturbe, flamante secretaria general de AMPROS.
La normativa expresa que el que ofendiere o agrediere físicamente -sin causar lesiones- y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeros, personal de ambulancia o agentes sanitarios en efectores públicos o privados, "será sancionado con multa desde ochocientas (800) U.F.-unidades fijas- hasta un mil doscientas (1.200) U.F. o arresto desde ocho (8) días hasta doce (12) días".
“Desde la entidad sindical, repudiamos las agresiones sufridas hacia nuestros profesionales. El colapso del sistema sanitario fue ocasionado debido a la falta de recurso humano y en este sentido, las autoridades deben comprender que -a diferencia de otros sectores de la administración pública- no existe reemplazo para ningún profesional de la Salud. Exigimos que el Ejecutivo paplique medidas sancionatorias a quienes producen estos eventos a través del Código de Contravención.
La defensa de AMPROS
"Nuestros profesionales trabajaron a destajo sin descanso durante toda la pandemia y continúan haciéndolo”, reclamó Rodrigo Domínguez, secretario gremial de AMPROS.
“Esta mañana (por este jueves) la Comisión Ejecutiva recorrió los efectores para analizar las condiciones sanitarias y laborales en las que se desempeñan nuestros profesionales, ya que el Gobierno debe asegurar personal policial para que esto no ocurra. Además, el lugar físico debe mantener la ventilación y el distanciamiento social que corresponde”, aseveró Iturbe.
Finalmente, la gremialista dijo que “los profesionales no tienen que salir a la calle; no pueden salir a pelear por sus sueldos y al mismo tiempo sostener la trinchera. Estamos saliendo de una reunión en el Hospital Del Carmen (de OSEP) y están abriendo servicios para rehabilitación post Covid. Son pacientes que han quedado con secuelas neurológicas, respiratorias, nefrológicas y hasta de movilidad y necesitan seguir siendo atendidos".
“La pregunta recurrente es: ¿Quién cuida a los que cuidan? Nuestros sueldos deben estar por encima de la línea de la inflación. Es inadmisible que mientras otros sectores que han trabajado y continúan trabajando desde sus casas, cobren sueldos acordes a la situación económica del país; y muchos de nuestros profesionales que han dejado sus vidas y la de sus familiares, tengan sueldos por debajo de la línea de inflación y en condiciones laborales que distan mucho de lo que exige la ley”, remarcó Iturbe.



