En el 2018 la firma conservera Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. Alco-Canale arrastraba 9 años de problemas financieros y de hecho, en aquel momento ya se había presentado en convocatoria de acreedores. Finalmente en diciembre de ese año la firma, que tenía 160 empleados de planta permanente y otros 500 temporarios se presentó en quiebra. Hoy sigue funcionando sin necesitar el salvataje estatal.
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En caso recayó en el Juzgado Nacional Comercial N° 1, que habilitó la continuidad de explotación, lo que permitió que las conserveras de Tupungato, Tunuyán y Real del Padre, en San Rafael, siguieran funcionando.
La ley de concursos y quiebras permite que en estos casos se pueda mantener la fuente de trabajo abierta a través de un interventor y los síndicos, más veedores. En ese momento el juez Alberto Alemán decidió mantenerla abierta Alco-Canale y estableció un lapso para buscar un comprador y si no una firma que la alquilase.
"En principio quien la alquiló fue la empresa cordobesa Dulcor, y nosotros salimos a buscar compradores en el ámbito local, porque no sólo pretendíamos que la empresa siguiera abierta, sino que también, de ser posible, que quedara en manos mendocinas", recuerda Sergio Moralejo, actual subsecretario de Agricultura y Ganadería, quien en ese momento tenía a cargo la subsecretaría de Industria y Comercio, en la gestión de Alfredo Cornejo.
A fines de agosto del 2019, luego de que Dulcor alquilara la firma por 8 meses, se llamó a una subasta para vender Alco-Canale. Allí se abrieron los sobres de dos propuestas, una de la cordobesa Dulcor ($ 282 millones) y otra de la firma mendocina AVA S.A. ($ 270 millones). Ambas empresas se habían reservado el derecho de mejorar la cifra del otro oferente, por lo que las ofertas se fueron incrementando.
Los montos propuestos fueron ascendiendo hasta que finalmente quien se quedó con la firma mendocina fue AVA que ofreció $378.750.000, una cifra muy importante para ese momento.
"El compromiso que asumió era el de mantener todos los puestos laborales vigentes. Esto demuestra que cuando se producen este tipo de quiebras, se puede tomar la decisión política de auxiliarla con fondos públicos como ocurre con Vicentín o acompañar el proceso judicial y tratar de salvarla buscando un inversor privado. A nosotros nos preocupaba también mantenerla abierta por que significaba un importante comprador para los productores primarios de tres departamentos" destacó Moralejo, quien participó de la subasta en Buenos Aires.
Para el funcionario, a la hora de tratar de resolver este tipo de situaciones es clave que el Estado se preocupe por generar condiciones de previsibilidad, "hacer un seguimiento de la situación de las empresas y tener diálogo con la Justicia porque en este caso el juez Alemán priorizó mantener los puestos de trabajo y se dio la sinergia necesaria para que se llegase a que hoy la empresa sigue abierta, funcionando y sin que se invirtieran fondos públicos en salvarla", concluyó.