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A quiénes les rebajarían penas si fuera inconstitucional la perpetua

La Suprema Corte debatirá en asamblea pública si es constitucional la prisión perpetua. Si dictase que no lo es varios condenados podrían pedir rebajas de penas

El centro del próximo gran debate en la Suprema Corte de Justicia de la provincia será si es constitucional o no aplicar la prisión perpetua. En la división de aguas, están quienes aseguran que es inconstitucional porque otorgar 35 años de cárcel no favorece la resocialización de los condenados, mientras que en la vereda de enfrente defienden el concepto de sanción, de pena como una retribución punitiva que se aplica por un delito tan grave como un homicidio agravado.

Más allá de lo que resulte de esa asamblea pública del próximo 22 de octubre, que no es vinculante, en los meses venideros la lupa hará foco en lo que decida el máximo tribunal de la provincia, sobre todo por lo que pudiera ocasionar si se decide que esa condena a prisión perpetua es inconstitucional.

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Entre esas consecuencias surge que 221 condenados, según el cálculo del Subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, podrían pedir revisar sus condenas e incluso una rebaja de penas de 35 a 25 años o, dependiendo de la cantidad de años que llevan en la cárcel, la misma libertad condicional, algo que ahora les está vedado.

Entre ellos aparece el caso de Efraín Peca, el albañil que en el 2012 golpeó a su mujer hasta dejarla inconsciente en su casa de Guaymallén. Al día siguiente de la paliza detectó que la mujer tenía signos vitales y no dudó en cavar un pozo debajo de la churrasquera, allí la enterró viva y cubrió el agujero con cemento. La necropsia confirmó que Sergia Angélica Lamas (29) murió asfixiada y no por los golpes que había recibido. Tenía una bolsa en la cabeza y espuma en la boca.

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"Si esto avanzara y se decide que la prisión perpetua es inconstitucional, aquellos que tengan una condena por un homicidio agravado podrían tener mayores beneficios que los condenados por varios delitos en concurso, que pueden recibir 50 años. Por ejemplo si alguien en un asalto mata a alguien, y tiene además acumulado en sus antecedentes un robo con violación, y dos robos más con armas, tal vez tenga 40 años de condena, pero quien tenga un homicidio agravado, en el que pudo matar a su pareja o su hijo, o a varias personas, pueda recibir una pena mucho menor", explica un fiscal que ya solicitó varias prisiones perpetuas en su carrera.

Por otro lado, quienes sostienen que la prisión perpetua no es constitucional, resaltan fundamentalmente que al aplicarle a alguien una pena de 35 años, que le impide pedir la libertad condicional, no permite la resocialización de ese condenado. Es más: también se resisten a imponerla a ancianos porque, insisten, los condena a pasar el resto de su vida entre rejas.

"Tener esa visión es poner la mirada sólo en el imputado, y no en la víctima, ni tampoco en la sociedad en que viven. Ellos dicen que si tiene 50 años y mató y violó a alguien, debería recibir 35 años por lo cual podría pedir la prisión domiciliaria a los 85 años y ya no podría resocializarse. Ahora eso no es un justificativo para no imponer una pena como retribución de un delito cometido, porque con ese criterio deberíamos decir: usted hizo una atrocidad, violó y mató, pero como es grande, lo vamos a soltar a los 60 años para ver si se puede resocializar. Eso es no tener en cuenta a la víctima y a la sociedad a la que alteró con sus actos", remarca un juez.

En la misma línea se inscribe un fiscal que pudo actuar en juicios de crímenes de Lesa Humanidad: "Con ese criterio no se podría condenar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, ya que la mayoría son ancianos que responden ahora por hechos que cometieron cuando fueron jóvenes", retruca.

Entre los condenados a prisión perpetua que podrían solicitar estos beneficios también aparece Jonathan Morales, el sentenciado por el crimen del médico Sebastián Prado, que el 6 de septiembre del 2013 enlutó a la provincia. Al galeno lo asesinaron cuando se resistió a que le robaran su camioneta en la que estaban sus hijos, y ese sujeto cayó luego de participar en otro crimen en el 2018. En ese momento le habría dicho a su cómplice,según se ventiló en el juicio: "Si se complica hacemos lo mismo que hice con el médico".

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En la lista de quienes podrían pedir rebajar sus penas de prisión perpetua aparece el tristemente conocido "Karateca", Daniel Zalazar Quiroga, el autor confeso del triple crimen del barrio Trapiche de Godoy Cruz. La fatídica noche del 26 de octubre del 2016, el profesor de artes marciales discutió con su ex pareja, Claudia Arias (30), y luego la asesinó a puñaladas. En el acto mató también a una tía de la mujer, Marta Ortiz (46) y la abuela de su ex, Silda Vicenta Díaz (90). Pero además apuñaló a la beba que tenía 9 meses y a un hijo de su ex de 11 años. El único que pudo escapar del ataque fue un hijo de Arias, de sólo 8 años que pasó 6 horas encerrado en el baúl de un auto. Cuando salió pudo pedir ayuda.

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De los recientes condenados a prisión perpetua, hay una pareja cuyos abogados ya plantearon la inconstitucionalidad de esa pena. Se trata de Yamila Ibáñez (26) y su ex pareja Maximiliano Ortiz (27). A ellos se los consideró culpables del "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía" del pequeño Giuliano Ibáñez, de sólo 2 años, quien era hijo de la mujer. El niño murió el 27 de noviembre del 2017 a raíz de una fractura de columna producida por certero golpe en la espalda. La autopsia reveló que el pequeño era víctima de constantes y reiterados golpes que recibía en su casa e Luján de Cuyo.

Luego de que un jurado popular los declarara culpables, el juez Diego Lusverti los condenó a prisión perpetua pese al planteo de los abogados defensores.

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En la misma situación de solicitar una rebaja de pena quedaría Sebastián Petean Pocoví (34), el hombre que intentó matar a puñaladas a su ex pareja, quien estaba embarazada de gemelas. Tras el ataque ocurrido el feriado del 25 de mayo del 2018 y en un intento por escapar de la policía, el agresor atropelló y mató a dos efectivos, Jorge Carlos Cussi (32) y su compañero Daniel Ríos (40) en Blanco Encalada, Luján. Sus análisis revelaron que había consumido cocaína.

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La audiencia pública

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dispuso llevar a cabo una audiencia pública de carácter informativo para abrir el debate acerca de la constitucionalidad o no de la pena de prisión perpetua. Todos los interesados en participar y exponer, podrán anotarse hasta el jueves 15 de octubre. Las inscripciones se recepcionarán vía correo electrónico en: audienciapublicapp@jus.mendoza.gov.ar. La audiencia será el jueves 22 de octubre a las 9 y estará abierta a toda la ciudadanía.