En medio del estupor que ha generalizado el caso del médico Carlos Gustavo Arzuza, detenido por la muerte de Beatriz Gattari tras una intervención estética, la Justicia civil dictó un fallo donde condenó a otro cirujano plástico y a una clínica a indemnizar con más de medio millón de pesos a una paciente por un caso de mala praxis.
La operación se llevó a cabo en la clínica San Jorge, ubicada en calle Ituzaingó de Ciudad, el 27 de noviembre de 2009. Una joven de 19 años -se reserva su identidad- decidió realizarse un implante de mamas con el doctor Luis Salvo. Según relató en la denuncia civil, la madre de la joven pagó de contado los 9 mil pesos que costaba pero nunca le entregaron un recibo.
Los resultados de la intervención estuvieron lejos de lo que se había imaginado la muchacha. Peritos médicos comprobaron que tiene grandes cicatrices, asimetría entre sus senos y encapsulamiento de una de las prótesis, lo cual conforman secuelas parciales y permanentes, a menos que vuelva a ser operada.
Tras iniciar el litigio civil, el médico Salvo contestó que la joven nunca abonó la cirugía ya que había sido recomendada por el anestesista del grupo. También explicó que las prótesis se probaron, se explicaron los riesgos que corrían y se le hizo firmar un consentimiento. Entre sus argumentos detalló que la paciente fue dos veces a las curaciones postoperatorias y no volvió a acudir. Por último, esgrimió que la cicatriz anormal es producto de su propio organismo.
El caso estuvo en manos de la jueza Alicia Boromei, quien esbozó que "en la cirugía plástica los profesionales intervinientes asumen obligaciones de medios". "Podrá ser responsable el médico por no haber informado previamente a su paciente sobre el riesgo de que este tipo de cicatrices se presente y sobre la imposibilidad de evitarlo", reza el fallo.
La magistrada tuvo en cuenta que el daño que sufrió la víctima es social, ya que no puede usar determinadas prendas de ropa, y funcional, ya que perdió su capacidad para amamantar. Todo esto avalado por un perito médico que confirmó que las consecuencias negativas se debieron a una mala praxis.
Con respecto al consentimiento que había firmado la joven antes de la operación, la jueza civil dijo que "no es más que un simple y generalizado informe adaptado para cualquier tipo de intervención quirúrgica, no sólo las estéticas".
"En definitiva, de las pruebas rendidas, historia clínica, fotografías, y especialmente de la pericia médica, puede concluirse la existencia de un obrar médico negligente e imperito por parte del galeno demandado", concluyó la titular del Juzgado Civil 18.
En caso que la sentencia quede firme, tanto el médico Salvo como la clínica deberán pagar 497 mil pesos más intereses y costas, un número mucho superior a los 175 mil que solicitó la víctima. En esto también intervendrá la compañía de seguros que avala a los demandados.
