Una trama de enredos e informaciones incorrectas impidió que se adelantaran varios allanamientos, que estaban previstos para el lunes, en propiedades de los líderes de la agrupación Tupac Amaru de Mendoza. De esta forma quedaron en peligro pruebas fundamentales por la causa de asociación ilícita que se investiga desde 2015.
Todo comenzó en la tarde del viernes cuando la fiscal Gabriela Chaves consiguió la autorización del Sexto Jugado de Garantías, subrogado por la jueza Érica Sánchez, para realizar el próximo lunes varios allanamientos en el marco de la investigación de una mega causa iniciada en abril de 2015 contra los líderes de la agrupación Tupac Amaru, por asociación ilícita, fraude y otros delitos.
Fue en ese momento cuando la fiscal empezó a entrever que su investigación de dos años comenzaba a tener problemas. Los imputados que eran objeto de su investigación se habían enterado de la medida que, supuestamente debía ser secreta, y la esperaban en su despacho con sus abogados defensores. Indudablemente alguien filtró la información y les avisó a los sospechosos lo que estaba por ocurrir.
Luego de detener a las personas que se habían presentado, la fiscal Chaves pidió a la jueza de Garantías Alejandra Mauricio que le permitiera adelantar los allanamientos del lunes para esa misma noche del viernes y la mañana del sábado, ya que peligraban las pruebas que pretendía secuestrar con esa medida.
La magistrada Mauricio tardó cinco horas en dar una respuesta y después de varias idas y vueltas rechazó el adelantamiento de los allanamientos confundiendo, presuntamente, el expediente que tramitaba la fiscal con otro caso que nada tiene que ver con la investigación en curso.
