Policiales Jueves, 5 de julio de 2018

Subcomisario podría recibir hasta 10 años de cárcel

La detención de Marcos Rojas, subjefe de la 63º de Costa de Araujo, sorprendió a la fuerza al ser apresado por la Federal.

El subcomisario de Costa de Araujo, Marcos Rojas (50), llevaba una vida normal, aseguran quienes ahora lo investigan. Alquilaba una casa, tenía un solo auto y no tenía hábitos de ostentación que pudieran suponer que detrás del uniforme había un hombre que estuviera ganando dinero con el delito.

Básicamente no llamaba la atención hasta el viernes por la noche cuando, de sorpresa y sin apenas sospecharlo, cayó detenido en el corredor internacional de la ruta a Chile junto a su hijo: a ambos le secuestraron material óptico y oftalmológico, el que fue valuado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en más de $3 millones.

El uniformado enfrenta ahora una pena futura de prisión de 4 a 10 años de cárcel.

El cargamento habría pasado de Chile a Mendoza de contrabando por lo que luego de ser ambos esposados, fueron enviados a la cárcel por orden del juez federal Walter Bento, a cargo de la investigación.

La mercancía de contrabando fue hallada en el vehículo del hijo del uniformado, que marchaba en otro vehículo más atrás que su padre quien aseguran viajaba con el uniforme puesto o parte de él.

La realidad es que su caída en manos de la ley no fue casualidad. Al parecer, según fuentes de la investigación, habían detectado la actividad de contrabando del jefe policial en unas escuchas telefónicas.

De allí se abrió un expediente y un seguimiento por varios meses que dio sus frutos, logrando atraparlo en plena tarea cuando regresaba del país trasandino y tuvo que pasar por los controles de Uspallata.

Sabido es que los materiales oftalmológicos y los de ópticas son costosos y muy demandados porque además en el mercado local se comercializan a precios altos al consumidor final.

Sin embargo, todavía están armando el rompecabezas, sin haber podido determinar si se trataba de un pequeño negocio familiar para hacer una diferencia al margen de la ley o eran parte de una organización.

La causa está aun en plena investigación y no se descarta que pueda haber más personas involucradas y detenidas.

En la Policía de Mendoza no tenían idea de la situación. Una alta autoridad confió que todo lo hecho era por el trabajo de la Gendarmería.

Rojas, que revistaba como segundo jefe en la Comisaría 63 de Costa de Araujo, Lavalle, distante a unos 70 kilómetros de la capital mendocina, permanece hoy tras las rejas, mientras en la fuerza policial ya se inició todo el proceso administrativo en su contra.

Salvo que ocurra un milagro, todo indica que su suerte está echada, esto es sus días en la policía provincial estarían contados.

En lo que resta de la semana, la Inspección General de Seguridad lo irá a visitar al presidio donde se encuentra alojado para tomarle indagatoria y que se defienda de las acusaciones.

La IGS (asuntos internos de la Policía) que realiza la investigación para decidir su futuro en la fuerza irá munida de buena parte de lo que ya dedujo la investigación federal en la que además de las fuerzas nacionales participó la AFIP.

Como la investigación aun está en carne viva y falta ordenar muchas cosas aun no ha trascendido claramente el rol del subcomisario en el contrabando. Es decir, si junto a su hijo contrabandeaban mercancía y se beneficiaban algo, lo que resulta lo más probable, o si solamente hacía una especie de custodia para abrirse camino ante algún control lo que de todas formas igual lo deja ría involucrado.

Dos casos en la misma comisaría

El de Rojas, no fue la única novedad que sacudió a la seccional de Costa de Araujo.

Por estos días, un principal asignado en esa unidad policial fue sumariado y trasladado puesto en disponibilidad luego de que fuera denunciado de contratar los servicios de una prostituta para tener sexo.

Este policía, compañero del detenido Rojas, habría contratado los servicios sexuales de una mujer en la zona de Mendoza Capital.

Su situación, diferente a la del subcomisario no es menos comprometida desde su permanencia en la fuerza.

La razón es que contratar servicios sexuales está castigado por la ley y si bien no es considerado un delito si está sancionado en el Código de Faltas como también está castigado ofrecer esos servicios.

Por lo cual, un policía mezclado en esas prácticas incurre en una violación de la ley que riñe con lo que debe representar su uniforme.

Esto no lo favorece para nada en la IGS donde también marcha un expediente que podría terminar con el despido definitivo de la fuerza.

No obstante, no ha sido puesto en pasiva (suspendido en el cargo) sino que está en disponibilidad, lo que quiere decir que se le da un nuevo destino y se limitan sus funciones operativos mientras sea investigado.