La Justicia sobreseyó a un agente penitenciario que estaba acusado de torturar a un preso en el penal de Almafuerte. Tras cuatro años de investigación finalmente quedó totalmente desligado en el expediente, que ahora busca a otra sospechoso.
Este martes se realizó la audiencia donde se confirmó el fin de la pesquisa contra el suboficial Luis Robles, quien fuera integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR) a mediados de 2014. El desenlace era esperado ya que tanto el fiscal de la causa como el abogado defensor habían solicitado el sobreseimiento.
Así lo expusieron ante la juez María Alejandra Mauricio, quien dictó la medida y ordenó que se informe en forma inmediata a la Inspección General de Seguridad (IGS) para que cese la investigación administrativa -durante este lapso de tiempo Robles ha perdido ascensos-.
El fiscal Torres explicó que si bien Robles estaba trabajando en el penal el día del hecho, no tenía acceso al módulo 5, donde le reo fue torturado. La víctima declaró que el Gordo Luis le había proporcionado un hierro a los presos que lo atacaron pero luego se determinó que hay otra persona que trabaja en ese sector con el mismo nombre que Robles.
Ahora el investigador de Homicidios solicitó una nueva audiencia con la juez Mauricio ya que existen indicios para detener e imputar a otro agente penitenciario en la investigación.
En paralelo, se encuentra peleando la situación judicial de Daniel Durán, quien era subdirector del complejo Almafuerte en ese momento. Si bien la juez Mauricio también le dictó el sobreseimiento, el fiscal apeló la medida y espera que una instancia superior lo resuelva.
El expediente también tiene imputados a los presos César Orlando Pallerez Pizarro, David Federico Rodríguez Mendez, Lucas Emmanuel Albornoz Videla y Sergio Fabián López. Fuentes judiciales adelantaron que algunos de ellos han manifestado la intención de resolver la causa en un juicio abreviado.
El caso
A mediados de 2014, un preso del penal de Cacheuta denunció que sufrió agresiones por un lapso de varias horas por parte de otro reclusos y que estuvieron motivados por agentes penitenciarios. Al poco tiempo, los seis sospechosos fueron imputados por lesiones agravadas.
A fines del año pasado el expediente pasó a la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional y quedó en manos de Carlos Torres. El magistrado decidió agravar la calificación a torturas, siendo este el primer caso en la Justicia provincial con este tipo de delitos -existen antecedentes en la Justicia federal por crímenes de lesa humanidad-.
Al arriesgar una pena de 8 a 25 años de prisión, se ordenó la detención de Robles y Durán. Meses después, la Justicia les otorgó un recupero de la libertad.
