La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario manifiesta su total preocupación ante la renuncia del fiscal Fernando Rodrigo, quien está acusado de haber cometido irregularidades con escuchas telefónicas, al mandar a escuchar a su expareja, entre otras personas, en lugar de ser excluiodo mediante un sumario administrativo.
"La renuncia no es el camino jurídico adecuado", subraya la entidad en un comunicado que se conoció hoy, al tiempo que advierte que "la gravedad institucional, no sólo radica en la acción ilegal de este funcionario, sino también, en la ausencia de control por parte de quienes deben custodiar nuestra Constitución"
"La probable consecuencia de un sumario administrativo es excluir definitivamente de la función a una persona que ha usado su cargo en los términos que rechaza el sistema legal", argumenta, en tanto afirma que "aceptar la renuncia es permitir que el día de mañana pueda volver a reingresar a la administración pública como si nada hubiese pasado, con solo tener los apoyos necesarios".
El comunicado completo de la entidad es el siguiente:
"La Asociación de Abogados Penalistas manifiesta su total preocupación por la laceración de las instituciones democráticas, y advierte el peligro que amenaza al Estado de Derecho, por acciones y omisiones de quienes velarlo, con particular referencia, a los hechos que tomaron repercusión pública, en los cuales aparecen involucrados funcionarios del M.P.A., en particular el Dr. Fernando Rodrigo, acusado de haber solicitado intervenciones telefónicas ilegales.
La gravedad institucional, no sólo radica en la acción ilegal de este funcionario, sino también, en la ausencia de control por parte de quienes deben custodiar nuestra Constitución.
En momentos donde el trabajo del Ministerio Público de la Acusación aparece severamente cuestionado por la sociedad en su conjunto, nos parece erróneo desde lo jurídico que se le acepte la renuncia al investigado Rodrigo, lo cual priva a la sociedad, y hasta al mismo encartado, de la posibilidad de un total descargo, y a la sociedad, de conocer lo ocurrido.
Entendemos que la renuncia no es el camino jurídico adecuado. La misma busca dejarlo impune por sus acciones en la faz administrativa que le correspondería en caso de comprobarse un accionar irregular. Así, la causa de la misma es falsa, por lo que sería recomendable no aceptarla y continuar el procedimiento hasta su finalización a fin de determinar la responsabilidad del funcionario en los hechos que se le imputan, bien le sean favorables o desfavorables las actuaciones.
La razón para aceptar la renuncia no está clara ya que la responsabilidad del Estado continuará presente, pero sin el principal responsable para responder por ella. La ley 13.013 establece en su artículo 10 que "El Ministerio Público de la Acusación será responsable por los daños y perjuicios que provoquen sus órganos por actos ilegales o arbitrarios, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los funcionarios de acuerdo a la legislación vigente". En este caso, el órgano "Fiscal Rodrigo" hace responsable a la provincia (Siendo el MPA un órgano de la misma, en igual sentido que el Órgano Judicial) por lo que no aparece como correcto separar de responsabilidad al iniciador de este hecho quedando el MPA, el PJ y el Estado santafesino (la sociedad santafesina jurídicamente organizada) como los que asumirán las consecuencias de su accionar.
La probable consecuencia de un sumario administrativo es excluir definitivamente de la función a una persona que ha usado su cargo en los términos que rechaza el sistema legal. Aceptar la renuncia es permitir que el día de mañana pueda volver a reingresar a la administración pública como si nada hubiese pasado, con solo tener los apoyos institucionales suficientes. Por ello instamos al MPA que recomiende al Señor Gobernador el rechazo de la misma.
Expresamos también nuestra total solidaridad con las víctimas del hecho y remarcamos que a raíz de que dos abogadas se vieron afectadas por violarse el secreto profesional al haber grabado y accedido a conversaciones con diferentes clientes de las mismas corresponde al Colegio de Abogados de Rosario manifestarse y realizar acciones tendientes a la protección de los derechos de estas integrantes del foro local.
Asimismo, la Asociación de Abogados Penalistas, expresa su profunda preocupación por la fragilidad de los controles legales a la hora de autorizar la intervención de líneas telefónicas de ciudadanos santafesinos y solicitamos que desde el Colegio de Magistrados se haga público el protocolo a seguir ante próximas presentaciones realizadas por el M.P.A en tal sentido.
Desde ya quedamos a disposición y esperamos que se esclarezcan los hechos en pos de la conservación de la credibilidad de las instituciones en su conjunto".
