Por extorsión, juzgan a un psiquiatra forense y un penitenciario

Por UNO

Catherina [email protected]

Bajo la imputación de intento de extorsión, el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay elevó a juicio la causa en la cual están imputados el psiquiatra forense Luis Chacón y el penitenciario Pablo Spagnolo por la presunta entrega a cambio de dinero de certificados de salud mental falsos que les posibilitaban a presos a acceder al arresto domiciliario.

El caso, que provocó un verdadero escándalo, en su momento fue investigado por Garay, quien reveló la maniobra de Chacón –prestaba servicio en el Cuerpo Médico Forense– y Spagnolo, quien era el encargado del traslado de los internos desde el penal al Palacio Policial, en calle Belgrano, donde se les hacían los exámenes psiquiátricos.

Fue precisamente el 28 de julio de 2014 cuando los pesquisas detectaron a ambos acusados –están libres por ser un delito excarcelable–. Los descubrieron tomando contacto con los familiares de los detenidos, a quienes les entregaban los informes previo pago de una determinada suma de dinero.

Este grave hecho se conoció a través de una denuncia que radicó el padre de uno de los presos en la Fiscalía de Delitos Complejos. Él mismo dio a conocer que dos hombres le habían ofrecido un certificado de salud mental a cambio de $15.000.

 A partir de esta denuncia, comenzó la investigación que tomó cuerpo cuando los pesquisas, a través de escuchas entre los dos acusados y el denunciante, establecieron que este hombre estaba diciendo la verdad.

De acuerdo con lo investigado, habría sido Spagnolo quien se encargaba de hacer el contacto con los convictos y sus familiares para ver si estaban dispuestos a pagar con tal de lograr la prisión domiciliaria para su ser querido.

Los certificados eran expedidos por el médico Chacón, quien elaboraría el informe solicitado por el juzgado a quien pertenecían las distintas causas, y un tercero, amigo del psiquiatra, se encargaba de cobrar el dinero.

La elevación a juicio fue por un único caso, más allá de que la Comisión Bicameral de Seguridad solicitó investigar el beneficio de la prisión domiciliaria de unos 20 de presos por causas gravísimas.