Hace un mes estalló una bomba en el seno de la Policía de Mendoza. La Inspección General de Seguridad (IGS) dio a conocer que cuatro integrantes del más alto rango son investigados por casos de corrupción. Cómo avanzan los expediente y los plazos que estipulan los investigadores.
Miguel Mestre, Gustavo Garis, Darío Irrutia y Víctor Loyola fueron los cuatro nombres que se deslizaron el 21 de junio pasado. Sobre ellos pesa una investigación administrativa que intenta comprobar si los comisarios se dejaban el dinero que sus subordinados debían cobrar por realizar servicios extraordinarios. También hay irregularidades con armas reglamentarias y la certificación de títulos.
Tres de estos uniformados -todos menos Irrutia- son representados por el abogado Carlos Reig, quien pidió que se declare la nulidad del proceso investigativo. "He pedido que se suspendan los procedimientos por algunos vicios graves en las imputaciones. Por ejemplo, hay cosas que no están tipificadas en la ley", detalló el letrado.
Es por esto que el proceso investigativo se encuentra paralizado con estos tres comisarios y Romulo Díaz y Humberto Neilla, otros dos efectivos que comenzaron a ser investigados días después y que también son defendidos por el abogado.
Si bien el letrado explicó que por este recurso sus clientes todavía no han sido indagados, desde la Inspección General de Seguridad aseguraron que se presentaron ante las autoridades y se negaron a declarar.
De todas formas, fuentes ligadas al caso estimaron que la suspensión de las investigaciones no prosperará y esperan que a fines de agosto haya resoluciones al respecto. Ya sea con respecto al cese de la pesquisa o si cabe alguna sanción administrativa y de qué tipo.
Incertidumbre en el fuero penal
Desde el primer día que trascendieron las investigaciones, las autoridades de la IGS manifestaron que en paralelo a la pesquisa administrativa mandaron compulsas a las Unidades Fiscales correspondientes para que se determine si existió algún tipo de delito y si se debe someter a los comisarios a proceso penal.
Ha trascurrido un mes y el avance es nulo. Desde el departamento que investiga al personal policial aseguraron que no les han solicitado ningún expediente desde la Justicia. El abogado Carlos Reig manifestó desconocer si existen causas penales. Incluso fuentes ligadas a la Procuración General detallaron que hasta la semana pasada no hubo movimientos al respecto.
Purga policial
El 21 de junio pasado, autoridades de la IGS en conjunto con el Gobierno provincial comunicaron la investigación que se inició contra los cuatro comisarios generales. Todos ellos ya habían sido desplazados de sus cargos -al frente del CEO, de distritales de Seguridad y de Cuerpos Especiales- meses atrás por orden del gobernador Alfredo Cornejo.
Desde entonces avanzó la investigación contra otros uniformados del mismo o menor rango en el organismo administrativo.
