El juez de Instrucción Gabriel Ravagnani confirmó en audiencia oral y pública en San Rafael el procesamiento y la prisión preventiva a los 4 acusados por el robo a la familia de Fernando Sanz, hijo del ex senador nacional radical y actual asesor presidencial, Ernesto Sanz.
El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal María Eugenia Laigle y fundamentó su decisión en que existiría la posibilidad de un riesgo de fuga debido al peso de la pena que arriesgan los cuatro imputados en un futuro debate.
Es que el delito por el que se los acusa, robo agravado en poblado y en banda con armas aptas para el disparo, tiene la pena mínima de 6 años y 8 meses, y la máxima de 20 años.
Además, según Ravagnani, de acuerdo con las pruebas y los indicios presentados por la Fiscalía, está probada la participación de los imputados en el hecho que ocurrió la madrugada del 7 de octubre cuando los ladrones entraron armados y a la fuerza, tras romper las rejas de una de las ventanas de la cocina, a la casa del hijo de Sanz y su esposa.
Allí, según describió en su alegato la fiscal, amenazaron al matrimonio con un revólver calibre 32 y 3 armas de fabricación casera. Les exigieron el dinero y revolvieron toda la casa, incluso, el dormitorio donde dormía el pequeño hijo de la pareja.
Fueron momentos de alta tensión los que vivió la familia, sobre todo la mujer que está embarazada y tuvo un pico de presión alta que puso en riesgo su estado de salud.
En este escenario, Laigle sostuvo la acusación con los elementos que fueron secuestrados tras los allanamientos realizados por la Unidad de Investigaciones, que recuperó las armas y parte del botín.
Además, dos de los imputados Javier Barroso y Nahuel Castro confesaron ser los autores del robo, entregaron parte de lo robado y denunciaron la participación de Raúl Juárez y Cristian David Oros.
Estos últimos presentaron algunas coartadas para desentenderse del hecho, pero existen pruebas que los incriminan sobre todo a Juárez cuyas huellas digitales coinciden con las encontradas en el lugar del robo.
La defensa de Barros y Castro aceptó el procesamiento, pero pidió otras condiciones de detención. Un recurso que ya fue presentado y que en esta audiencia no fue considerado por el juez.
La defensora oficial, que representa a Juárez y Oros -tiene unas 10 causas pendientes con la Justicia-, solicitó la prisión domiciliaria, pero su pedido fue rechazado. En cuanto a Juárez, también está procesado por el robo a una unidad de la empresa Iselín, por lo que estuvo preso y luego quedó en libertad bajo fianza.
La causa seguirá en el fuero de Instrucción a la espera de otros peritajes.
