Audiencia clave para la causa por pedofilia. Imagen ilustrativa.
Un joven licenciado en Seguridad e Higiene busca zafar de una causa judicial que lo tiene acusado de contener centenares de imágenes con contenido de pedofilia. En los próximos días una jueza resolverá si es sobreseído, tal como solicitaron los abogados defensores.
El expediente se originó a mediados del año pasado cuando una mujer con un pen drive en su mano se dirigió al despacho del fiscal Santiago Garay, encargado de investigar este tipo de delitos en el Gran Mendoza.
La denunciante aseguró que el dispositivo de almacenamiento pertenecía a su expareja y en su interior contenía al menos 500 imágenes de pedofilia. Efectivamente, cuando las autoridades abrieron el artefacto descubrieron que tenía varias carpetas con ese tipo de material.
El sujeto en cuestión fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil. Como es un delito que prevé de 4 meses a 1 año de prisión y el sospechoso no tiene antecedentes penales, quedó en libertad.
Los abogados defensores Emiliano Marlia y Franco Migliavacca contraatacaron. Presentaron una oposición a la imputación, que se iba a tratar este miércoles pero finalmente se postergó para los próximos días. Los letrados plantearán dos cuestiones principalmente, en busca de que su cliente quede desvinculado de la causa.
Por un lado discutirán que el hombre sea el verdadero dueño del pen drive que tenía material de abuso sexual infantil ya que quien lo presentó ante la Justicia fue su expareja, con quien viene arrastrando problemas por la tenencia de sus hijos.
Por otro lado plantearán que el material de abuso sexual infantil fue descargado en el año 2016 y el delito que tiene imputado existe en nuestra Ley desde 2018.
La acusación sostiene que la sospecha surge por las carpetas con material pedófilo –una se llamaba “nenas colegialas”- estaban dentro de otra bajo el nombre “Matías trabajo”.
En cuanto al segundo planteo, la Fiscalía no aplica ese pensamiento ya que se trata de un delito continuado, es decir, si bien las imágenes eran de 2016 al momento de la denuncia, en 2019, las continuaba teniendo en su poder.
Será la jueza María Cristina Pietrasanta quien resuelva y si el acusado debe ser sobreseído o si hay elementos para avanzar en la investigación.