Dos policías se encuentran en la mira de la Justicia y de los organismos administrativos en una causa que investiga venta de licencias falsas para ejercer como seguridad privada.
Los casos ocurrieron en el seno del Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada (Repriv). Este ente depende del Ministerio de Seguridad y es el encargado de regular estos servicios que prestan empresas privadas. Entre sus acciones, otorga las licencias para las personas que quieren desempeñar esa función.
Algunos de los trámites a realizar son un curso, presentar un certificado de buena conducta y un permiso legal para portar armas de fuego -en caso de que necesite utilizarlas-.
La investigación se inició en forma administrativa en la Inspección General de Seguridad (IGS) a mediados de octubre gracias a una denuncia que realizó el propio Repriv.
Las autoridades detectaron a una persona de nacionalidad mexicana que había obtenido una credencial apócrifa sin realizar ninguno de los procedimientos convencionales y tras abonar una suma cercana a los 4 mil pesos en efectivo a dos policías.
Estos uniformados cumplen funciones administrativas en el lugar. Tras la acusación, fueron apuntados por la IGS y a fines del mes pasado fueron pasados a pasiva. Esto representa que el apartamiento de sus cargos mientras avanza la investigación, la quita de sus armas reglamentarias y la retención de la mitad de sus sueldos.
En sede penal, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos está llevando la investigación contra los dos efectivos policiales -de los cuales no trascendió el nombre-.