Un hombre de 44 años aceptó ir cuatro años y medio a prisión por intentar sacar del país una camioneta que tenía pedido de secuestro por una denuncia por robo. La maniobra fue advertida por personal de la Aduana el 28 de febrero de 2015, cuando los funcionarios del Área de Control Integrado Fray Bentos, de la cabecera ubicada en el puente internacional Libertador San Martín, advirtieron que el conductor de una Toyota Hilux con patente paraguaya tenía una alerta emitida por la Dirección Regional Aduanera de La Plata, que ordenaba un exhaustivo control a efectos de investigar posibles maniobras de contrabando de exportación de rodados.
En ese momento, Luis Wilson Espíndola comenzó a perder. Los aduaneros advirtieron distintas anomalías en el vehículo, como que tres bocinas del vehículo estaban desconectadas; había señales de haberse alterado el circuito eléctrico del vehículo debajo de la columna de dirección; estaban arrancadas las calcomanías donde suele estar el nombre de la agencia que vendiera el vehículo; la puerta delantera derecha presentaba signos de haber sido forzada y la cédula exhibida generó dudas en el personal de la Aduana. Al mismo tiempo, observaron el número de chasis original, se solicitó a Gendarmería Nacional que informara si sobre el mismo pesaba algún impedimento y se obtuvo que esos cuños correspondían al dominio de un vehículo argentino, sobre el que pesaba una orden de secuestro vigente. A su vez, la documentación presentada por Espíndola se encontraba a nombre de un tercero que no viajaba con él.
El hombre, oriundo de la localidad de Concepción, de República del Paraguay, quedó detenido y desde entonces está alojado en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay. El rodado cuya exportación se pretendió efectuar de manera ilegal fue valuado en 43.000 dólares, equivalentes a 375.003, pesos, según el tipo de cambio vigente en el momento del hecho.
Así fue que se llegó a la instancia de un juicio abreviado, en el cual el fiscal general José Ignacio Candioti dialogó con el imputado y su abogado defensor, Francisco Azcué, y convinieron la calificación legal y la sanción punitiva a aplicar a Espíndola.
En la sentencia donde el Tribunal Oral Federal de Paraná homologó el acuerdo, los jueces Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero sostuvieron: "El modus operandi empleado por el imputado que -conforme lo relatado hasta aquí salta a la vista- resulta coincidente con la maniobra ilícita sospechada que se describe en el 'alerta' que la Dirección Regional Aduanera La Plata había emitido dos semanas antes: que se sacaban del país hacia la ROU vehículos de alta gama, en general camionetas, posiblemente robadas en nuestro país, con dominio colocado (chapa patente) paraguayo, con autorización para conducir emitida en Paraguay por ante escribano público por el supuesto titular registral del vehículo y a favor de alguno de los sospechados".
