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Un joven pidió 80 mil pesos de indemnización tras ser baleado por un efectivo que estaba de civil en Las Heras y le reclamaba el robo de una bicicleta a su yerno.

Gatillo fácil: rechazaron una demanda civil porque el policía estaba de franco cuando disparó

Gatillo fácil: rechazaron una demanda civil porque el policía estaba de franco cuando disparó

Por Sebastián Salassalas.sebastian@diariouno.net.ar / @sebasalas_

El Estado provincial zafó de tener que indemnizar a un joven por un caso de gatillo fácil ocurrido hace más de 10 años porque el policía que protagonizó el ataque armado no lo hizo en ejercicio de sus funciones y no se acreditó que fuera con su arma reglamentaria..La Cuarta Cámara Apelaciones en lo Civil resolvió por segunda vez el proceso judicial que se inició tras el hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2004, en el barrio Panquehua de Las Heras.

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Según reconstruyó el expediente penal, en la tarde de esa jornada, más precisamente a las 16.30, Juan José González se encontraba junto a un grupo de amigos en la vereda de calle Pellegrini al 770. En ese momento llegó un Ford Falcon que frenó rápidamente delante de ellos. Del vehículo se bajó el efectivo policial Enrique Hender Amieva junto a otras dos personas.Los atacantes exhibieron dos armas de fuego y le reclamaron al grupo de jóvenes una bicicleta que presuntamente le habían robado al yerno de Amieva. Ante la falta de respuesta de los muchachos, el policía –estaba vestido de civil- comenzó a efectuar disparo contra ellos y todos recibieron heridas de distintos grado.González fue el más perjudicado, ya que debió ser intervenido quirúrgicamente y sufrió una incapacidad laboral mayor a un mes. Tras el hecho y una vez finalizado la investigación penal, el joven inició una demanda civil contra el Gobierno de Mendoza entendiendo que es el responsable por el accionar del efectivo y reclamando una indemnización de 80 mil pesos.Los abogados del Ejecutivo provincial rechazaron su responsabilidad en el hecho considerando que el uniformado no actuó un día que estaba ejerciendo su trabajo diario, estaba de civil y no se pudo corroborar que el ataque lo realizó con su arma reglamentaria.El Quinto Juzgado Civil se inclinó por esta línea de pensamiento jurídico y rechazó el pago de la indemnización por parte del Gobierno, pero el joven baleado apeló la acción y la llevó a una segunda instancia.Aseguró que si bien el efectivo estaba de franco “se encontraba en servicio efectivo” y que actuó en su deber de policía ya que reclamaba una bicicleta que no le habían robado a él, si no a su yerno. También se basaron en que la fiscal del caso “ponderó” que el atacante uso su arma reglamentaria, una pistola Browning 9 milímetros.En su nueva defensa, desde el Estado aseguraron que si bien se levantaron vainas 9 milímetros en el lugar del hecho, no está acreditado que “el disparo sufrido por el actor se haya efectuado con el arma de propiedad del Estado”, ya que también había cartuchos calibre 22 largo.Los jueces Mirta Sar, Claudio Leiva y Claudio Ferrer trataron de determinar si existía algún grado de relación entre el hecho ocurrido y su carácter de miembro de las fuerzas de seguridad pública.Los magistrados consideraron que Amieva jamás se identificó como policía ante los jóvenes atacados y que el hecho podría haberse producido perfectamente “aunque no fuera integrante de las fuerzas de seguridad”.Finalmente, como último resquicio, consideraron que las consideraciones de la fiscal no son suficientes para acreditar que hubiera utilizado su arma reglamentaria, algo que estuvo en duda durante el proceso penal. Es por esto que rechazaron nuevamente la demanda, sentencia que quedará firme a menos que el actor lleve el caso a la Suprema de Corte de Justicia.

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