A los ochos acusados los consideró también responsables del delito de "concusión", previsto en el artículo 266 del Código Penal, y pidió multas de hasta 360 mil pesos.
Para la fiscalía, funcionó una organización delictiva a través de la cual distintos funcionarios policiales solicitaban el pago de dinero a comerciantes, empresarios o vecinos en el ámbito del barrio de Núñez, a cambio de protección.
Ante los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato, el fiscal sostuvo que la asociación ilícita dedicada al sistema de recaudación funcionó desde febrero de 2016 en Núñez, un mes después de la asunción de Norberto Villarreal como jefe de la Seccional 35, hasta fines de agosto de 2016.
La asociación, explicó en su alegato, tenía distintos roles como ser aquellos que cobraban y retenían directamente los importes que le correspondían; los que se ocupaban directamente de la recolección del dinero de los restaurantes; y los que le exigían plata a los trapitos a quienes reclamaban entre 400 o 500 pesos a cambio de dejarlos realizar esa actividad ilegal.
Los subcomisarios por su parte facilitaban la asignación de los recursos policiales para cubrir "el esquema ilegal de vigilancia", y para Aveni y Villareal, la organización de dicha estructura.
El juicio sigue con audiencias hasta fin de mes con alegatos de las defensas y en una fecha a definir el Tribunal impondrá veredicto.