Policiales Jueves, 19 de abril de 2018

El policía que mató a Ezequiel Torres pidió no estar en el juicio

Rubén Agosti, imputado por la muerte de Ezequiel Torres, presentó un certificado por problema psicológicos.

La muerte del bailarín de folclore Ezequiel Torres (22) en Maipú lleva más de cinco años sin resolución. Idas y vuelta en la investigación preliminar, una absolución que luego fue anulada y un esperado segundo juicio que ya comenzó. El acusado es un policía, quien pidió no estar en el debate por problemas psicológicos.

La víctima fue asesinada de dos disparos el 11 de noviembre de 2012, cuando se encontraba en una despensa de la calle Padre Vázquez al 900 de Maipú. Había concurrido al negocio, propiedad de la madre del efectivo Rubén Darío Agosti, para pagarle el alquiler del departamento que habitaba junto con su novia. Mientras esperaba ser atendido, dos ladrones armados ingresaron al local. Desde entonces, hay distintas versiones de testigos que trataron de explicar la tragedia.

La madre del uniformado intentó defenderse y sacó un arma de fuego. La pareja de Ezequiel y un joven -en ese momento era menor- aseguran que la mujer salió a la calle a perseguir a los malvivientes y que Torres fue detrás de ella. Cuando el bailarín regresó ya estaba en escena Agosti, quien al escuchar los gritos salió de la casa y fue a la despensa para ver qué ocurría. Con su arma reglamentaria se topó con Ezequiel y le disparó creyendo que era uno de los ladrones, a pesar de que no estaba armado. El muchacho murió después de entrar al hospital Paroissien.

La declaración de esos testigos fue siempre la misma, durante la investigación, en el primer juicio y en el comienzo del segundo debate, que se inició el martes en la Primera Cámara del Crimen.

Esta secuencia descripta por ellos se contrapone a lo que dicen los allegados al policía. Su madre, María Imbesi, en sus testimoniales sostuvo que ella recién salió del local tras los disparos y que su hijo puede haber confundido a la víctima con uno de los malvivientes porque se encontraba cerca de ella. Esto seguramente lo ratificará cuando declare en el juicio, momento muy esperado y de mucha importancia para la resolución del caso, aseguran las fuentes. Esto se dará en la segunda audiencia, que por ahora no tiene fecha.

También queda pendiente la declaración de una mujer que alquilaba un sector de la propiedad de Agosti y su madre, en donde vivían ellos y estaba la despensa. Estiman que esta persona dará una versión de los hechos similar a la de la familia del sospechoso.

Con estos cuatros testigos se completará el debate, y el resto de las testimoniales que se incorporarán son las realizadas en la instrucción. Luego, se pasará a los alegatos y al veredicto.

El acusado, casi ausente

El efectivo antes del comienzo del nuevo juicio presentó a través de su abogado un certificado médico en el cual se indicaba que no estaba en condiciones de declarar ni de presenciar el proceso. Según detalló, hacer esto lo pondría en una situación traumática. El pedido fue aceptado a medias por el tribunal. Le permitieron no dar su testimonio, pero si lo ubicaron en una sala contigua.

Idas y vueltas

La situación procesal del sospechoso pasó por varias instancias. Estuvo en la cárcel, quedó libre y volvió a ser detenido pero con prisión domiciliaria. Llegó a juicio imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque su abogado había intentado que el hecho fuera calificado de legítima defensa ante la amenaza de asaltantes armados.

A fines del 2014, la Séptima Cámara no lo condenó a pesar de que la fiscal de cámara Susana García había pedido para el policía 4 años de prisión, por un exceso de legítima defensa. Los jueces entendieron que se trató de una legítima defensa, situación que no prevé penas en el Código Penal.

La decisión de absolverlo provocó una gran indignación en la familia y amigos de Ezequiel, quienes aseguraban que había pruebas para que fuera sentenciado. Por esta razón impulsaron el pedido de casación, que finalmente fue presentado por la fiscal.

En julio del 2016, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza avaló el reclamo y ordenó que se anulara la decisión de los camaristas. Restaba poner fecha para el segundo juicio.

Un par de recursos extraordinarios propuestos por la defensa del uniformado dilataron la llegada del debate. Sin embargo, no lograron frenarlo ya que encontraron la negativa en la Justicia.