Los hermanos Flores reclamaron resarcimiento al Estado tras estar una semana detenidos por el crimen de Yanel Serapio, la joven de 16 años violada y asesinada en Lavalle. La Justicia no accedió al reclamo.

Dos hermanos estuvieron presos por un aberrante crimen y violación, fueron liberados y ahora pidieron indemnización

Por UNO
El crimen de Yanel Marcela Serapio sacudió Mendoza a mediados de agosto de 2008. La joven de 16 años había sido violada y estrangulada a pocos kilómetros de su casa en Lavalle por un hombre que le robó algunas pertenencias. Dos hermanos de una familia humilde estuvieron presos una semana por el crimen, aunque luego quedaron en libertad. Ahora le reclamaron al Estado una indemnización, pero la Justicia no accedió a la demanda civil.

La historia tiene su punto de partida cerca de las 20 horas del 21 de agosto, cuando la adolescente salió de la escuela Alicia Moreau de Justo y emprendió regreso a su casa. En ese trayecto, según sostiene la Justicia, un hombre la interceptó y la llevó al interior de la finca Chacón, ubicada a 400 metros de la calle homónima.

El agresor, que fue condenado luego a prisión perpetua –ver aparte-, abusó sexualmente de la joven, tomó su mochila y la ahorcó con la correa. Luego se llevó algunas de sus pertenencias y escapó del lugar. El cadáver fue encontrado por los familiares de la joven que encabezaron la búsqueda en medio del desierto.

El caso quedó en manos del entonces fiscal de Delitos Complejos Luis Correa Llano –hoy presidente de la Cámara de Apelaciones del Crimen-. Cuatro días después del hallazgo, eran detenidos los hermanos Fernando Alfredo (22) y Frank Florencio (24) Flores.

El primero de ellos era el novio de la joven, pero esta relación no fue lo que motivó la sospecha. En el teatro de los hechos se encontraron huellas de pisadas al lado del cuerpo de la víctima que en la parte del talón coincidían con un calzado que fue secuestrado y que le pertenecía al primogénito. Los rastros tenían la inscripción “Riddle”, la misma que se hallaba en la suela de la zapatilla.

Su hermano menor también fue implicado ya que se trataba de una familia humilde y cualquiera de los dos podría haber utilizado la zapatilla, según sostuvieron entonces los pesquisas.

Los hermanos Flores fueron imputados por homicidio criminis causa –matar para ocultar otro hecho-, robo agravado y abuso sexual con acceso carnal. Estuvieron siete días privados de su libertad. Fueron liberados cuando el cotejo de ADN que se realizó con rastros de semen que hallaron en el cadáver arrojó resultados negativos. De todas formas, estuvieron ligados al proceso hasta marzo de 2009, cuando fueron sobreseídos.

Pedido de resarcimiento

Años después, con el caso resuelto en el fuero penal, los jóvenes iniciaron una demanda civil contra el Estado provincial. Representados por el abogado Néstor Majul, consideraron que fueron “imputados falsamente por la comisión de un delito aberrante en virtud de un error judicial grosero por parte de la Fiscalía y el Juez de Garantías”.

En base a esto, reclamaron una indemnización por daño moral, psicológico y recupero de gastos.

Desde el Gobierno negaron la demanda y aseguraron que debido a las pruebas sobre las huellas de calzado en el lugar del crimen fue “razonable disponer la detención de los actores a quienes por lo demás se le respetaron todos sus derechos y garantías constitucionales de defensa”.

La jueza del Vigésimo Juzgado Civil, María Luz Coussirat, consideró que “los indicios con los que contaba a esas alturas el fiscal permitían inclinarse fundadamente hacia la necesidad de esclarecer un delito de tamaña gravedad”.

También tuvo en cuenta que se ordenó la libertad de los hermanos Flores de manera inmediata una vez recibido el informe del análisis genético que dio resultados negativos.

“Considero que el sólo hecho de encontrarse involucrado en una investigación penal no da derecho alguno por sí sólo a una reparación”, concluyó la magistrada que no accedió al reclamo pretendido por los hermanos, según determinó la sentencia que se ventiló la semana pasada.

El verdadero asesino

Hugo Darío González (29) fue condenado a prisión perpetua en diciembre de 2009 considerado el autor del aberrante homicidio. La prueba fundamental que lo incriminó fue el análisis de ADN que, en este caso, arrojó resultados positivos.

En el debate que se realizó en la Primera Cámara del Crimen, sus defensores intentaron demostrar que había tenido relaciones consentidas con la joven antes de que fuera asesinada, pero la coartada no fue tomada en cuenta por los jueces.