Diario Uno Policiales detenidos
Gatillo fácil

Detuvieron a otros cinco policías por el encubrimiento del crimen de Lucas González

El juez que interviene en el crimen de Lucas González ordenó detener a cinco oficiales de la Policía de la Ciudad por el encubrimiento del asesinato del adolescente

Por UNO

Cinco efectivos de la Policía de la Ciudad fueron detenidos en las últimas horas acusados de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por miembros de una brigada de la misma fuerza la semana pasada en el barrio porteño de Barracas, informaron fuentes judiciales.

Las detenciones se llevaron a cabo luego de que el juez de la causa, Martín del Viso, hiciera lugar al pedido formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella y su colega Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Fuentes judiciales informaron a Télam que los detenidos son el comisario Romero y el subcomisario Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Du Santos, el principal Cuevas y la oficial Fariña, estos tres últimos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

En tanto, si bien en principio se había informado que la oficial Lorena Miño también había sido arrestada, fuentes judiciales confirmaron a Télam que la mujer no fue localizada en su domicilio y que hasta la noche de este sábado permanecía prófuga.

Los cincos policías detenidos se encuentran en calidad de comunicados y fueron trasladados entrada la noche de este sábado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicada en la calle Madariaga al 6900 del barrio porteño de Villa Riachuelo, donde pasaron la noche a la espera de ser llevados a los tribunales para ser indagados.

Otros seis policías detenidos por el crimen de Lucas González

Los fiscales Gómez Barbella y Heim consideraron a esos policías sospechosos de los delitos de "encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas".

Los investigadores creen que entre estos efectivos está quien plantó un arma de fuego de plástico a las víctimas y quienes elaboraron el sumario policial con la información falsa de una persecución y tiroteo aportada por los policías de civil que, luego, fueron detenidos por el crimen.

Es que en el asiento trasero del automóvil Volskwagen Suran azul en el que circulaba González con sus amigos fue secuestrada una réplica de arma de fuego con la inscripción "The Punisher" que se determinó que fue plantada por los policías para simular que se había tratado de un enfrentamiento.

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De esta manera, los fiscales hicieron lugar al pedido que le habían formulado días atrás los padres de Lucas y de los otros adolescentes, para que también sean detenidos los encubridores del crimen.

El abogado de la familia de la víctima, Gregorio Dalbón, había señalado ante la prensa que "los que se encargaron de plantar el arma no son los mismos que se encargaron de matar a Lucas" y había anticipado que tanto él como los familiares no querían quedarse "con la detención de solo tres policías".

Sirven para recaudar y extorsionar

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) criticó el protocolo de actuación de las brigadas de las fuerzas de seguridad, consideró que funcionan para "recaudar y extorsionar" a sospechosos o comerciantes y pidió que los policías que las conforman sean desarmados para evitar casos de "gatillo fácil".

"Las brigadas de las fuerzas de seguridad andan cumpliendo las tareas que encomiendan jueces o fiscales en una causa determinada y al mismo tiempo en lo cotidiano detectan o, en lenguaje policial, 'previenen el delito organizado'", explicó la referente de la Correpi María del Carmen Verdú.

Según la abogada, "esa tarea consiste en observar o espiar, por ejemplo, algún galpón con mercadería robada o un quiosco de venta de drogas, o un posible desarmadero", pero consideró que "en vez de elevarlo al juez de turno para que actúen, lo hacen para recaudar y extorsionar".

Verdú dijo que los integrantes de las brigadas "o se hacen socios (en el delito) o les cobran peaje (a los delincuentes)".

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"Por el otro lado está la extorsión propiamente dicha de la venta de seguridad a los comerciantes del barrio. Les venden el servicio de vigilancia", indicó Verdú y añadió: "Todo eso está probado en infinidades de causas".

En tanto, la referente de Correpi señaló que vienen reclamando desde hace años "medidas anti represivas que reducirían drásticamente algunas modalidades".

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"Solamente con las dos primeras no hubiera pasado lo de Lautaro Rose (en Corrientes), lo de Lucas González (en Barracas) ni lo de Alejandro Martínez (en San Clemente). Primero que cumplan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio y eliminen todas las formas de detenciones arbitrarias", exigió la abogada.