El juez federal Nº 4 Marcelo Bailaque se declaró incompetente para investigar la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar por el delito de desaparición forzada de personas, calificación que convalidó en dos instancias la Justicia provincial cuando le remitió al magistrado el complejo expediente que ahora rechaza. El fiscal federal, que junto a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ya emitió un dictamen favorable para instruir la causa, estudiará los argumentos y se tomará tres días para decidir la apelación. Los allegados a la víctima creen que el juez desconoce elementos fundamentales de prueba que sustentan la sospecha de participación policial en el caso y que pone "en peligro" las actuaciones.
Bailaque se pronunció luego de que el viernes los abogados querellantes Salvador Vera y Guillermo Campana —representantes de la hermana de Gerardo— le plantearan su preocupación porque no se expedía, demora que interpretaron perjudicial para las medidas procesales y periciales pendientes.
Es que en ese contexto de indefinción judicial del caso no sólo se violentan las derechos y garantías de la víctima, sino que a esta altura se vulneraría la situación cautelar de los cinco imputados detenidos hace seis meses y medio bajo una imputación (encubrimiento y homicidio) que debería ser actualizada con una postergada nueva indagatoria por el delito de desaparición forzada de personas (ver aparte).
Sorprendido "negativamente" con la resolución de Bailaque, Vera remarcó aspectos que sostienen "la alta probabilidad de participación policial" que configuran el delito de desaparición forzada de persona.
Resumen. Escobar, de 23 años, salió del bar La Tienda (Tucumán al 1100) a las 6.45 del 14 de agosto, fue golpeado por un patovica y estuvo desaparecido siete días hasta que su cuerpo fue hallado en el río Paraná. Según la hipótesis de la querella, tras ser agredido Pichón caminó hacia Catamarca donde habría sido levantado por un patrullero que lo llevó a la seccional 3ª sin registrarlo en el libro de guardia.
La pesquisa estuvo en manos de los fiscales provinciales Marisol Fabbro y Rafael Coria, y cinco personas fueron detenidas e imputadas a principios de septiembre. Cuatro por encubrimiento: los policías Luis Alberto N. (efectivo del Comando que cumplía un adicional legal en el boliche) y Maximiliano A. (con licencia médica desde hace un año), y los patovicas José Luis C., César Darío A. Y por homicidio está acusado el patovica Cristian Jesús V., que fue visto en una filmación golpeando a Escobar.
Pero luego de contemplar evidencias y elementos que harían sospechar de una supuesta connivencia policial que configuraría la privación ilegítima de la libertad primero y la desaparición forzada de persona —delito que debe pesquisar la Justicia Federal— los fiscales se declararon incompetentes.
Traspaso. Los defensores de los acusados apelaron la resolución y pidieron que se trataran las prisiones preventivas, pero el juez Luis María Caterina mantuvo la medida cautelar. En marzo la Cámara Penal provincial convalidó el traspaso al fuero federal para que se investigue la desaparición forzada y que sea el nuevo juez quien decida la situación de los imputados.
Por la fecha del hecho, el juez federal que debe intervenir es Bailaque. Como éste no se pronunciaba sobre la admisibilidad de la causa, la querella le pidió una entrevista. Imprevistamente, ayer el juez rechazó el caso. "No esperábamos esta decisión. Hay dos resoluciones de primera y segunda instancia de la Justicia provincial y un dictamen de la fiscalía federal", recordó Vera, y agregó: "Está demostrado con alta probabilidad la desaparición forzada por la concatenación de pruebas que demuestra la participación de policías en el marco del acuerdo de seguridad con los dueños del bar y la seccional 3ª".
Para Vera este caso evidencia "el modus operandi aplicado en otros similares de gente agredida afuera del boliche y luego llevada a la comisaría, donde también se las golpeó. A eso se suma la sobrevida desde que Gerardo fue agredido hasta que falleció, un indicio de que fue privado de la libertad por seis horas. Nada de ello fue tenido en cuenta por Bailaque. Es una desprolijidad, nos enteramos por la prensa de su decisión. No fuimos convocados ni notificados pese a estar acreditados como querellantes".
El abogado adelantó que la querella va a recusar a Bailaque. "Adelantó opinión, así que no puede seguir investigando. Pone en peligro actuaciones, dilata el llamado a indagatoria de los imputados, es gravísimo para la causa", fustigó.
Un plazo de tres días para apelar
El fiscal federal Marcelo Digiovani se enteró ayer de la resolución de Bailaque. “Esperaré que me notifiquen, estudiaré los argumentos y después resolveré la apelación junto a la Procuvin. Hay tres días de plazo”, dijo. De su decisión dependerá la postura que adoptará la querella. “Podemos apelar ante la Cámara Federal”, dijo Salvador Vera. Y si la Cámara convalida la resolución de Bailaque, la querella irá en queja a ante la Corte Suprema de la Nación.
