Lo que era una gran expectativa comenzó a convertirse en realidad. Uno de los detenidos en la causa que investiga el presunto pago de coimas al juez federal Walter Bento confesó haber efectuado una millonaria coima a cambio de su libertad.

Tras la batería de imputaciones del miércoles pasado, los pesquisas liderados por el fiscal Dante Vega esperaran que ocurra lo normal: que ningún detenido declare y haga uso de su derecho a guardar silencio. Pero siempre rondaba la expectativa de que alguno de los sospechosos de pagar coimas se quebrara, sobre todo teniendo en cuenta que se puede acoger a la figura de arrepentido.

Javier Santos Ortega fue el primero. El hombre declaró ante los investigadores y ratificó que pagó más de 700 mil dólares a cambio de salir del penal. Alguna parte del dinero fue en efectivo y el resto con propiedades, según trascendió. No sólo eso, sino que detalló que la plata era para el juez Walter Bento.

Para la investigación, esta versión se refuerza con el mensaje que le envió el abogado Martín Ríos a Diego Aliaga -dos presuntos integrantes de la banda de las coimas federales-, con una foto de un escrito a mano sobre una suma de U$S800.000 que se detallaba entre dinero de contado, una lancha y dos departamentos.

Santos Ortega se convierte en el primer implicado en la causa que le confirma a la Fiscalía la existencia de una banda dedicaba a gestionar el cobro de coimas a cambio de favores –además de otros testigos que han declarado en la causa, de los mensajes y llamadas telefónicas entre los sospechosos y de los propios fallos de juez Walter Bento-. Hasta el momento, no ha solicitado acogerse a la figura del arrepenetido.

Quién es Javier Santos Ortega

Javier Santos Ortega, de 47 años, fue uno de los hombres que detuvieron el miércoles pasado. Ya había estado privado de su libertad en mayo de 2019 gracias a una denuncia que radicó AFIP. El organismo detectó que una empresa que vendía zapatillas por Internet no había registrado el ingreso de esa mercadería desde Chile.

Se realizaron allanamientos en Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén donde se encontraron más de 70 mil elementos –entre calzado y prendas de ropa- valuados en 206 millones de pesos. En uno de los galpones estaba Javier Santos Ortega y su sobrino, Juan Carlos Molina, quienes fueron detenidos en ese entonces pero luego recuperaron su libertad gracias a fallos del juez Walter Bento que, según la Fiscalía, fueron conseguidos a cambio de coimas.

En un principio, Santos nombró como abogado a un defensor a Carlos Figueroa, de reconocida trayectoria en el ámbito penal. Sin embargo, con el correr de los días lo sustituyó por Martín Ríos y Matías Aramayo, dos de los letrados detenidos implicados de ser integrantes de la banda que presuntamente lideraba Bento. Fue tan abrupto el cambio que el primer abogado pidió explicaciones acerca de su sustitución.

Según reconstruyó el fiscal Vega, Javier Santos Ortega fue encontrado en una celda con una sábana atada al cuello –pero el otro extremo desatado- y un escrito donde aseguraba que era el único culpable del contrabando y que su sobrino no tenía nada que ver.

Con esta “tentativa de suicidio”, sus nuevos abogados presentaron un escrito y consiguieron la prisión domiciliaria. Estuvo solamente cuatro días detenido en la Unidad Federal 32. Luego hizo una declaración indagatoria en la causa, donde dijo que la mercadería se la había comprado en Mendoza aun Ciudadano Chino. Con esto, el juez Walter Bento cambió la calificación del hecho a encubrimiento de contrabando, por lo que terminó consiguiendo la excarcelación.

Además de la causa de contrabando, ahora Javier Santos Ortega está imputado por cohecho activo agravado y arriesga una pena que va desde los 2 hasta los 6 años de prisión.

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