"Hay un fracaso del Estado en el control de armas. Si bien Argentina tiene un sistema que ha evolucionado incluso respecto a otros países de la región, claramente en este caso no funcionó", sostuvo Martín Appiolaza, director de Prevención, Participación y Derechos Humanos de Godoy Cruz, y uno de los referentes en la provincia en el tema de desarme.
El caso de las hermanas israelíes asesinadas cuyo imputado es Nicolás Gil Pereg (36), que según la Justicia adquirió en el último tiempo unas 40 armas de las cuales solo encontraron cuatro, trae aparejado esta falla en el control de compra y tenencia de amas, opinó el funcionario.
"Habría que determinar si esta persona reunía las condiciones psiquiátricas para tener un arma. Pero si además da como domicilio donde va a tener las 40 armas un baldío, si aparece como dueño de empresas fantasmas que podrían estar vinculadas con el lavado de activos, y si mata con esas armas que compró en armerías de Mendoza a su mamá y después destruye los cuerpos de su mamá y su tía, este tipo no puede tener armas", señaló Appiolaza en Radio Nihuil.
Y agregó: "No es el único caso, estos casos se van repitiendo a lo largo del tiempo. Tenemos que tener como país un buen sistema de control de armas. Hoy no lo tenemos, si todavía no se sabe donde están las armas que faltan".
Sobre los requisitos básicos necesarios para poder comprar un arma, Appiolaza indicó: "Un domicilio real, un sistema de ingresos monetarios demostrable, un domicilio donde esas armas estén seguras, certificado de salud mental, y la habilidad para utilizar las armas. De las cuatro, tres este tipo no las cumplía".