Un hombre que estuvo acusado de cometer un abuso sexual a una menor de edad discapacitada hace casi 10 años y luego fue sobreseído demandó al Gobierno de Mendoza en busca de una indemnización monetaria por el tiempo que estuvo detenido. Sin embargo, la Justicia Civil no le dio curso al reclamo.
Poco más de 200 mil pesos solicitó el individuo -se reserva su identidad- ante el Primer Juzgado Civil del Este provincial luego de estar más de tres meses tras las rejas a mediados de 2007. El hombre aseguró que durante su estadía en la cárcel sufrió "múltiples perjuicios que excedieron lo económico para instalarse en su vida de relación social y afectiva".
En la demanda apuntó contra el Estado entendiendo que hubo negligencia al demorarse los estudios de ADN que terminaron descartando su autoría en el hecho.
Grave acusación
A las 16 horas del 24 de julio de 2007, el entonces sospechoso fue detenido en la localidad de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín. Minutos antes, una adolescente de 14 años que padece un retraso mental -el psicólogo determinó que tiene un rendimiento intelectual de una niña de 7 años- había realizado una denuncia donde aseguraba que este hombre la vejó y quedó embarazada.
La investigación en su contra avanzó e incluso un mes después la víctima ratificó todos sus dichos. Por esos días, el imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado prestó declaración, negó el hecho y planteó como coartada que en la época que se cometió el abuso se encontraba en muy mal estado de salud, por lo que no podía tener relaciones sexuales.
Si bien esto fue ratificado por dos vecinos y la hija del presunto abusado, quien declaró que "ni siquiera podía bañarse sólo en ese tiempo", un estudio médico confirmó que la víctima estaba embarazada de más de 4 meses. Los peritos forenses también determinaron que el hombre no tenía limitada su potencia sexual y el informe psicológico lo definió como una persona con "intereses sexuales aumentados". En contraparte, los profesionales determinaron que la víctima no tenía tendencia a la fabulación.
Un estudio de ADN fue concluyente ya que arrojó resultados negativos entre el hombre y el bebe en gestación. El juez Carlos Dalton Martínez determinó que no se podía solicitar la prisión preventiva pero tampoco liberarlo de la causa penal, por lo que el acusado recuperó su libertad en noviembre de ese año.
Fallo civil
La jueza María Violeta Derimais fue quien negó el reclamo indemnizatorio que el protagonista de la historia inició ante el Gobierno provincial. La magistrada consideró que la gravedad del delito, la vulnerabilidad de la denunciante y algunas pruebas justificaban la detención del sospechoso.
Por otro lado planteó que no fue sobreseído porque el juez penal declaró su inocencia sino porque no se pudieron recabar las pruebas suficientes para solicitar una prisión preventiva. "No existe arbitrariedad, ni error normativo, ni irregularidad en el servicio en el procedimiento seguido en contra del señor que conlleven responsabilidad para el Estado", concluyó la jueza civil.
Ahora el hombre no sólo no cobrara la plata solicitada sino que deberá hacerse cargo de las costas del proceso judicial, a menos que decida apelar el fallo y llevarlo a una instancia superior.
