La semana pasada, en este mismo espacio, se hizo alusión a los juicios por crímenes de lesa humanidad que deben continuar, y finalizar, en 2016. También hubo referencias a las causas ya elevadas a juicio que determinarán el inicio de más procesos judiciales, para tratar de esclarecer y de determinar responsabilidades por los hechos sucedidos antes y durante el gobierno de facto de 1976 a 1983.
Se espera, para este 2016, que cerca de 300 acusados reciban sentencia en los 16 juicios que están en curso en todo el país, entre ellos los dos de Mendoza, el de la denominada "megacausa" y el de San Rafael.
Con el cambio de gobierno hubo señales tranquilizadoras en el sentido de que no habrá obstáculos para que continúen los juicios. Lo dijo el presidente Mauricio Macri un día después de asumir y quedó ratificado cuando se confirmó que el Estado nacional continua como querellante. Lo mismo ocurre en Mendoza: la Provincia sigue formando parte de la querella.
Otro mensaje en tono similar lo dio el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, luego de que recibiera en audiencia a miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), agrupación que pide el juzgamiento de ex militantes de organizaciones armadas de izquierda.
Rápidamente Avruj les aclaró a los periodistas que "fue una reunión pedida por ellos. Nuestra política, igual que en la gestión en la Ciudad, es recibir a todos los que piden audiencia. Veníamos de una polémica porque me criticaron cuando repudié la liberación de militares en Entre Ríos y La Pampa, por lo cual les planteé de entrada la decisión y el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos en el proceso de lesa humanidad y en el cumplimiento de las penas. No me muevo ni un ápice de ahí". Y contó que no le pidieron nada en concreto, pero sí le manifestaron su "preocupación por la invisibilización de los casos de civiles asesinados".
Causa inquietud, pero no es objetable, que Avruj reciba y escuche al CELTYV. Más si aclara -como lo hizo- que los juicios seguirán su curso.
Pero hay otras señales que preocupan y que de alguna manera contrastan con las afirmaciones y decisiones de los gobernantes, tanto a nivel nacional como provincial. Agreguemos también municipal.
El desplazamiento del nieto recuperado Horacio Pietragalla, del Archivo Nacional de la Memoria (organismo clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos de la dictadura), es una de esas señales que encandilan porque el dirigente mencionado, más allá de su militancia kirchnerista, tiene una trayectoria y un compromiso que lo avalan. Un decreto -otro más- no tuvo nada de esto en cuenta.
También preocupa la desjerarquización y vaciamiento de organismos de derechos humanos en las provincias y las municipalidades, y que Mendoza aún no tenga designado un encargado del área.
A esta altura, aún cuando sea reiterativo en esta columna, conviene recordar que lo que se investiga y lo que juzga son secuestros, detenciones ilegales, torturas por todos los métodos que se imaginen, ataques sexuales a mujeres y hombres, robos de bienes, robos de niños, asesinatos y desapariciones de personas. Ojalá esas señales que hoy encandilan se apaguen.
