Fuera de Juego FIFA
Se sumó un nuevo capítulo judicial en la Argentina con la una imputación contra el ex CEO de la empresa Torneos y el ex secretario de la Conmebol.

Panamá Papers: Deluca y Burzaco serán investigados

Por UNO

Las revelaciones de la investigación internacional conocida con el nombre de Panamá Papers sumaron en los últimos días un nuevo capítulo judicial en la Argentina, con una imputación formulada por el fiscal Ramiro González contra el ex CEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, y el ex secretario de la Conmebol, Eduardo Deluca, entre otros.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, quienes detallaron que, en un dictamen firmado la semana pasada, el fiscal federal pidió que sea investigado el empresario Alejandro Burzaco, quien actualmente cumple arresto domiciliario en Nueva York en el marco de la causa que, en los Estados Unidos, investiga hechos de corrupción en la FIFA.

También, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se sea investigado el ex secretario de la Conmebol Eduardo Deluca y el ex titular de esa entidad, Nicolás Leoz, de nacionalidad paraguaya.

Según la información revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), Burzaco habría manejado unos 370 millones de pesos a través de cuentas offshore.

Además, según información publicada por el diario La Nación, Deluca y Leoz habrían recibido un total de 97 millones de dólares por los derechos de transmisión televisiva de la Copa Libertadores entre 2008 y 2018 por parte de la empresa T&T, cuyo responsable era Burzaco y que habría sido administrada por el el estudio panameño Mossack Fonseca.

De acuerdo con la investigación periodística, como presunta contrapartida por ese acuerdo, la firma T&T habría abonado a directivos de la Conmebol unos 262,1 millones de dólares, entre ellos a Deluca y Leoz.

En su dictamen, en el que pide que se dé impulso a una investigación penal, que ahora deberá ser analizado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Ramiro González afirma, en base a información periodística, que la firma T&T habría utilizado como intermediarias para el presunto pago de sobornos a las firmas Somerton y Valente, cuyo titular sería José Marguiles, conocido también con el nombre José Lázaro.

También, indica, siempre en base a la investigación periodística, que el pago de los sobornos se habría concretado a través de entidades financieras estadounidenses, entre las que se menciona a National Delta Bank, Banco Do Brasil, y Standart Chartered, algunas de ellas constituidas en paraísos fiscales.

Por ese motivo, entre otras medidas, el fiscal sugirió la liberación de exhortos a Gran Bretaña -por las Islas Turcas y Caicos-, Panamá, Islas Caimán, y Holanda, donde se radican las distintas empresas que habrían participado de esta operatoria.

También, en su requerimiento, el fiscal solicitó que se cite como testigos a los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon, María Jastreblansky e Iván Ruiz, quienes publicaron la información que dio base a esta denuncia, sobre la que ahora el juez deberá definir si abre un expediente o la desestima.

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