Hay debates que admiten matices, y hay otros que no. La vacunación infantil pertenece a este último grupo. No porque lo diga un gobierno o una corriente de pensamiento, sino porque lo demuestra la evidencia científica acumulada durante décadas. Las vacunas salvan vidas.
Análisis y opinión
Vacunar no es una opinión: cuando el sesgo ideológico pone en riesgo a los chicos
Mendoza radicó las primeras 10 denuncias en el país por incumplimiento en la vacunación. Tras la noticia de Diario UNO, 4 padres completaron esquemas
Mendoza fue noticia nacional por denunciar a padres que no vacunaban a sus hijos. Diario UNO siguió el proceso hasta las presentaciones, un caso inédito en el país.
Sin embargo, en una cascada de desinformación amplificada y discursos extremos, los sectores antivacunas lograron su propósito, que es instalar una mirada sesgada que confunde libertad individual con daño colectivo. El resultado no es abstracto ni teórico: son bebés muertos por enfermedades prevenibles y que estaban prácticamente erradicadas en Argentina.
Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional son contundentes y dolorosos. Siete bebés murieron este año por tos convulsa (coqueluche), una enfermedad inmunoprevenible. Cuatro de ellos estaban en edad de recibir vacunas y no tenían ninguna dosis registrada. Los otros tres eran demasiado pequeños para vacunarse y tampoco estaban protegidos por la vacunación materna durante el embarazo. Además, ya se confirmaron 688 casos en 20 jurisdicciones del país, con cifras que superan a las de los últimos cuatro años. No es una percepción: es un retroceso sanitario.
Show antivacunas y un Gobierno que denunció a los padres infractores
Frente a este escenario, la reacción de los sectores antivacunas no fue la autocrítica, sino el redoble de una narrativa conspirativa que relativiza la evidencia, desacredita a la ciencia y banaliza la muerte evitable. El “show antivacunas” en el Congreso fue la postal más grotesca de ese sesgo: teorías sin sustento, afirmaciones delirantes y un desprecio explícito por el consenso médico.
Una legisladora del PRO presentó a un hombre al que presuntamente se le pegaban los imanes. E insólitamente era a causa de efectos adversos a la vacuna del COVID 19. La exhibición fue escandalosa y tildada por causar desinformación sanitaria.
Mientras tanto, las sociedades científicas —infectología, pediatría, virología, medicina respiratoria— debieron salir a recordar lo obvio: las vacunas son seguras, eficaces y salvan millones de vidas.
El caso del gobierno de Mendoza fue ejemplar, en medio de una alerta sanitaria, llevar a la Justicia a padres que incumplen el calendario de vacunación infantil. ¿Capricho, autoritarismo?. No. Es una medida de salud pública. Y, sobre todo, una señal política clara: los derechos de los niños están por encima de la desinformación de los adultos. Vacunar no es una preferencia personal cuando la omisión expone a terceros, especialmente a los más vulnerables, a riesgos graves y evitables.
El argumento de la “libertad” que enarbolan los antivacunas es, en realidad, una libertad sesgada. Nadie es libre de conducir en contramano en una ruta ni de fumar en una sala neonatal. Del mismo modo, nadie debería ser libre de negar una vacuna que protege no solo a su hijo, sino a toda la comunidad. La inmunidad colectiva no es un concepto ideológico: es un mecanismo sanitario que se debilita cuando caen las coberturas y que vuelve a poner en circulación patógenos que creíamos controlados.
La experiencia reciente en Mendoza lo confirma. Tras la publicación de Diario UNO sobre las denuncias a diez padres por no cumplir con el calendario obligatorio, la reacción fue inmediata: varios llevaron a sus hijos a los vacunatorios. La Justicia, en este caso, no actuó como castigo sino como última instancia para garantizar un derecho básico.
Hablando de responsabilidad parental y ¿las vacunas?...
Estos últimos días se habló mucho de la responsabilidad parental y es un movimiento que nació en Mendoza de un grupo de padres muy preocupados por el uso desmedido del celular y los peligros a los que quedan expuestos nuestros hijos.
Este contrato en que más de 600 adultos ya acordaron demorar la exposición al celular y lo están contagiando por el país es un ejemplo, de cómo respaldados por los estudios del tema y la difusión de casos de grooming que llegaron a la Justicia puso en alerta a toda una comunidad.
Ya se habla en todos lados de la responsabilidad parental y aunque terminaron las clases, siguen los chats de papis y mamis discutiendo el tema.
Es una buena oportunidad para trasladarlo al tema de las vacunas. Quienes cuestionan estas medidas sanitarias suelen omitir un dato central: los niños no eligen ni para agarrar un celular, ni para ir al centro de salud. La decisión la tomamos los padres.
De todas maneras, para los que no están convencidos todavía de los riesgos del sarampión o que no se inmutan ante una persona en sillas de ruedas que sufre las secuelas de la polio, el Estado tiene la obligación de intervenir cuando una convicción personal se transforma en un riesgo concreto. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución, es explícita al respecto: el interés superior del niño debe guiar todas las decisiones.
La ciencia también es clara. La tos convulsa se previene con esquemas de vacunación conocidos y accesibles: dosis a los 2, 4 y 6 meses, refuerzos posteriores y vacunación en el embarazo para proteger a los recién nacidos. No hay misterios ni experimentos ocultos. Hay evidencia robusta, monitoreo permanente y sistemas de farmacovigilancia que hacen que los eventos adversos graves sean extremadamente raros. En cambio, la enfermedad —cuando vuelve— mata.
El caso de una jueza mendocina y una familia antivacunas
Hay un caso bisagra en Mendoza. Apenas se aprobó el Código Contravencional en Mendoza, una magistrada de Rivadavia fue la primera en llevar adelante una audiencia para que una pareja vacunara a sus hijas. En una comunidad pequeña el caso tuvo grandes repercusiones, ya que uno de los padres se negaba a cumplir con los esquemas.
Así lo recordó la jueza Elsa Rosi, que estaba de manera interina en la Justicia de Paz. "Recuerdo cuando vino a mi despacho la doctora Iris Aguilar muy nerviosa porque no podían convencer a los padres de cuatro nenas de la importancia de las vacunas. La mamá era extranjera y traía toda la visión de un país europeo (no se detalla para no individualizar) de no aplicarse las dosis".
Y prosiguió: "Le dije a la doctora que se quedara tranquila que íbamos a aplicar el Código Contravencional e íbamos a citar a los papás. La audiencia se hizo, asistió uno de los tutores de las nenas y les explicamos que la vacunación no era un tema individual sino que tenía que ver con la inmunidad de rebaño y la contribución a cuidar a la población en general".
"Con esta intervención y el trabajo de concientización del equipo de Salud se logró el objetivo. El papá argumentó que su pareja no estaba de acuerdo porque llevaban una vida totalmente natural e incluso consumían productos que ellos mismos elaboraban, algo totalmente respetable", señaló, la actual secretaria de un juzgado civil de la provincia.
Así como en 2016, luego de 9 años, el Ministerio de Salud volvió a la carga con denuncias formales en la Justicia, con una clara intención, cuidar la salud de los chicos.
Vacunar no es una opinión, ni una bandera partidaria, ni un terreno para el relativismo. Es una política sanitaria esencial, comparable al acceso al agua potable. Cuando se la socava con discursos sesgados, el costo lo pagan los chicos. Mendoza decidió actuar. Que el Estado haga cumplir la ley y proteja a los niños no solo es legítimo: es imprescindible.
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