Análisis y Opinión

"Portezuelo del Viento y un laudo viciado de arbitrariedades"

El diputado nacional Julio Cobos analiza el cómo perjudica la decisión del Presidente Alberto Fernández con su laudo con respecto a la obra hidroeléctria Portezuelo del Viento

El 29 de diciembre el presidente Fernández firmó el nuevo laudo por la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, perjudicando nuevamente a Mendoza y a todo el país, negando -entre otros beneficios- la posibilidad de aumentar la energía limpia que reduciría las emisiones de carbono.

Otra vez el Frente de Todos ha priorizado las necesidades partidarias por sobre las de Argentina, solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental regional de toda la cuenca del río Colorado en apoyo al gobierno justicialista pampeano, que desde hace años usa políticamente a la provincia de Mendoza -en una actitud maniquea- como una enemiga.

Jamás está mal hacer un estudio de impacto ambiental, pero la realidad es que ya se realizaron dos, uno local -donde se produce el mayor impacto- y otro regional. Se pide otro estudio por la sencilla razón que el anterior fue realizado en el gobierno de Cambiemos, sin importar que haya sido confeccionado por prestigiosas universidades públicas como la de La Plata y la del Litoral.

El resultado del laudo que incluye el pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental regional, se basa en diversas premisas arbitrariamente erróneas: primero que en el anterior estudio no se hizo la audiencia pública en el Congreso Nacional según requiere la ley 23.879. El artículo 1 de dicha ley refiere a las represas nacionales no a las provinciales, pues en caso contrario se contrapondría con los derechos sobre los ríos que son potestad de las provincias tal como indica el artículo 125 de la Constitución Nacional. Se plantea como antecedente para justificar esa necesidad el dictamen de la Corte Suprema en referencia a las obras sobre el río Santa Cruz, pero las obras de Santa Cruz son realizadas y pagadas por la Nación, no por la provincia. Además, no se consideran otros antecedentes más apropiados, por ejemplo, que San Juan realizó a posteriori de la nombrada ley, las obras hidroeléctricas de Punta Negra y Los Caracoles y actualmente está construyendo la presa de Tambolar y en ningún caso se hizo audiencia pública en el Congreso; claro en ese caso es una provincia de gobierno justicialista amiga del presidente.

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Este laudo también desconoce que se hizo una reunión pública participativa, no en el Congreso sino en la zona de la cuenca para que todos los lugareños pudieran expresarse, y no fue en Mendoza sino en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Hilario Ascasubi, en la cuenca baja del Río Colorado. En esa instancia, La Pampa no envío representantes y aún así objetó el contenido de la reunión a través de la Universidad de La Pampa, que además tuvo el atrevimiento de objetar el trabajo técnico de otras universidades nacionales con muchísimos más antecedentes en recursos hídricos y ambiente.

El aspecto más técnico de las objeciones se refiere a la falta de profundidad del estudio en toda la cuenca hasta su desembocadura, esta objeción llama la atención pues ya hay una obra hidroeléctrica en la cuenca, Casa de Piedra, propiedad de La Pampa y Río Negro, inaugurada en 1996 a posteriori de la vigencia de la ley 23879, y casualmente tampoco en su momento se hizo una audiencia pública de impacto ambiental en el Congreso. Cualquier impacto ambiental regional va a depender de la operación de este embalse y no tanto de uno ubicado muchos kilómetros aguas arriba, por lo cual ese impacto es hoy preexistente y por consiguiente la parte inferior de la cuenca ya no se encuentra en condiciones naturales.

Tener un embalse en la cuenca superior desde el punto de vista técnico, no solo no empeorara el manejo de agua aguas abajo, sino que correctamente operadas en forma coordinada ambas presas mejorarían su eficiencia y disminuirían impactos negativos.

En las actuales circunstancias Mendoza no tiene muchas opciones, abandonar la intención de hacer esta obra, o hacer un nuevo estudio ambiental regional para que el Consejo de Gobierno lo apruebe tal como lo define el laudo. Esto no parece tener mucho sentido pues como en dicho Consejo las aprobaciones son solo por unanimidad, si a La Pampa se le ocurre votar en contra por su sola voluntad queda desaprobado, aunque se formalizara la audiencia pública en el Congreso.

Hay una tercera opción que creemos más viable: ejercer la potestad provincial, denunciar por incumplimiento del Acuerdo Interprovincial del Río Colorado firmado por gobernadores de la dictadura militar y el entonces ministro del Interior el represor Albano Hardindeguy; ya que las obras como Portezuelo del Viento que podía hacer Mendoza por ese acuerdo son sistemáticamente obstruidas, en cambio si el dique Casa de Piedra perteneciente a La Pampa y Río Negro, si se han podido ejecutar. Para ello, el primer paso es derogar las leyes provinciales de la dictadura N°4116 y 4154, por las cuales la provincia acepta el acuerdo.

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A posteriori, considerando que la obra de Portezuelo del Viento se encuentra en un río provincial ya que todo su curso esta dentro de Mendoza, según la constitución nacional es potestad de la provincia realizar este aprovechamiento que ni siquiera es consuntivo ya que produce básicamente energía y por consiguiente no generará falta de agua en el resto de la cuenca, y mejorará la regulación del río en todo el tramo hasta su confluencia con el río Barrancas a más de 150 km de distancia.

Los estudios ambientales tanto a nivel local como a nivel regional ya fueron aprobados en 2019 en cumplimiento con lo estipulado en la ley 25688, tergiversar esa aprobación solo es una muestra más de la animosidad del gobierno Nacional con Mendoza.

Basta de dilaciones, es hora de que Mendoza haga Portezuelo del Viento.

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