A los policías que hacen los controles de alcoholemia y ruteros en la Avenida Antártida Argentina que une el enclave Playa Unión-Puerto Rawson con la capital provincial, en Chubut, les llamó la atención que la camioneta Amarok que acababa de pasar perdía grandes cantidades de líquido por la caja. No era la primera vez, pero resulta que ahora deben estar más atentos. La pararon antes de su ingreso a Rawson. Llevaba 1.125 kilos de langostinos frescos sin ningún tipo de control ni medidas de bioseguridad, ni cadena de frío. Esa camioneta y muchas otras harían en temporada alta de cuatro a cinco viajes diarios hacia plantas clandestinas de procesamiento de pescado en Trelew y Rawson. En el gobierno que asumió en aquella provincia patagónica el 10 de diciembre pasado, están convencidos que esos establecimientos ilegales que nadie investiga contaron con protección política durante los años de peronismo. “Ni a los jueces de faltas les interesa…” dijo una fuente oficial. Minutos antes de la detención de esta camioneta, en la noche del 8 de enero, una Hilux cargada hasta arriba de langostino ilegal había sido capturada en la zona de El Elsa, en la costa del Río Chubut, a pocos kilómetros del puerto de Rawson. El problema es añejo y periódico. Son recurrentes las noticias sobre decomisos de langostinos. Han detenido incluso en Río Negro y Neuquén a varios vehículos utilitarios con patente en Rawson, que viajaban con el marisco “en negro” usando rutas cordilleranas para sacarlo del país.
Qué pasa con la pesca de langostinos.
La pesca informal es uno de los principales problemas en los puertos argentinos, especialmente en los patagónicos, con esquemas de micro corrupción muy aceitados. El plan del gobierno provincial es digitalizar y dar más control y seguridad en el ingreso y egreso de los puertos. “Hablamos con la flota para que los cinco kilos de langostinos que les regalan a los marineros, sean con un vale a retirar por planta. Porque esos cinco kilos gratis son los que reciben el milagro de Jesús y se multiplican en cincuenta kilos... Necesitamos cortar esto de raíz y que no salga un sólo langostino sin guía…” dice uno de los funcionarios del gobernador Ignacio Torres. “Esos kilos que reciben los marineros, los reparten luego entre estibadores, efectivos de Prefectura, inspectores de la Secretaría de Pesca… es un espanto” se sinceran. La verdad es que todas estas irregularidades forman parte del negocio y son bien conocidas en la Patagonia. Mucha gente vive de la pesca formal, pero la informalidad completa el sueldo y en muchos casos lo supera.
Hoy la pesca de langostinos es noticia, porque una protesta sindical del gremio SUPA que agrupa a los estibadores (los trabajadores que bajan la carga de los barcos), terminó generando el desperdicio gigantesco de 340 toneladas (340.000 kilos) de langostinos frescos, que debieron ser enterrados por la única empresa que tenía capacidad logística para ello, la firma Alcántara, en Trelew, la misma ciudad en la que funcionan plantas ilegales de procesamiento de pescado. Esa carga equivale a poco más del 0,13 % de la captura anual en aguas patagónicas, que desde 2018 no supera las 200.000 toneladas anuales. ¿Qué valor comercial tiene el langostino fresco? Los empresarios reunidos en las cámaras pesqueras afectadas por la protesta del SUPA (los estibadores, que son clave y factor crítico del funcionamiento de un puerto) denunciaron que el langostino que debieron descartar vale USD 5.000.000. Esto es unos USD 15 por kilo. Si cualquier mendocino quiere comprar un kilo de langostino fresco, pelado y precocido en una pescadería local, no le bajará de $24.000 el kilo. Además de esta pérdida, los días del paro que empezó el 29 de diciembre hasta que lo interrumpió la conciliación obligatoria dictada y prorrogada hasta el 31 de este mes, significaron pérdidas por unos USD 125 millones. Mucho dinero de una pesca de la que se exporta el 95 %, y que es muy sensible al entorno, al ambiente, al clima, y a la depredación.
Todos los años hay tiranteces entre las empresas pesqueras, los dueños de los barcos, los capitanes, los marineros, los estibadores, los de dragado y balizamiento, los del sindicato de la alimentación (STIA) que trabajan en las plantas en tierra. Es lo normal. ¿Por qué la protesta del SUPA fue distinta esta vez y generó una noticia de impacto nacional e internacional? Porque los estibadores nucleados en el sindicato esta vez no avisaron antes de la protesta, que tomó a los buques en el mar cargados de langostinos. Es usual dar aviso. Para comprender la logística: el langostino patagónico que puede generar cerca de USD 2.000.000.000 anuales en exportaciones y una cadena importante de impuestos y trabajo, incluídos el 6 % de retenciones que paga la industria; se pesca desde Puerto Rawson hasta el Golfo San Jorge en Chubut y Santa Cruz. En Rawson, donde el conflicto generó el desperdicio, significó que la Flota Amarilla -de barcos de más de 22 metros de eslora y bodegas con frío- perdió gran parte de su carga. Y la flota artesanal, que son buques más chicos y sin frío ni capacidad de congelar, perdieron todo. Así de simple. Y aunque hay una conciliación obligatoria, la verdad es que en vísperas del paro nacional de la CGT previsto para este miércoles 24 de enero, en el Puerto de Rawson no están moviendo ni un solo camarón. Al punto que la cámara que agrupa a las empresas (CAFACh, Cámara Armadora de la Flota Amarilla de Chubut) amenazó con cerrar la temporada por el conflicto con el SUPA.
Las extorsiones
En una recorrida por el Puerto de Rawson, viendo lo que ocurría, el gobernador Ignacio Torres y el intendente de Rawson Damián Biss (ambos de Jxc), decidieron hace dos semanas aplicar medidas de control y seguridad a “cara de perro”. Fue así que empezaron a detectarse cargas ilegales de langostinos que salían del puerto, pesca en negro, e incluso droga. Una fuente oficial comentó que “las peleas en el puerto por los negocios marginales son frecuentes. Hay coimas por todo… por cargar, descargar, mover, sacar…” Por eso quieren digitalizar el puerto. Torres llamó a los dirigentes del SUPA en medio del conflicto y les prometió sin muchas vueltas que irían a la cárcel por el daño que estaban generando. Un gobernador no tiene poder para ello. Pero la Fiscalía de Estado de Chubut denunció el daño ambiental y lo personalizó en la dirigencia gremial del SUPA. Al mismo tiempo, “despertó” una causa del año pasado contra varios delegados gremiales por extorsión, planteada por empresarios pesqueros. El Ministerio Público Fiscal comprobó en diversos peritajes que por lo menos cinco delegados del SUPA cobraron dinero indebido por parte de empresarios, que habían denunciado extorsión y coimas para poder trabajar. Al mismo tiempo, las cámaras pesqueras de la Flota Amarilla y la Artesanal, denunciaron penalmente al SUPA por entorpecimiento y daño ambiental, a causa del langostino que se pudrió en sus bodegas. Hubo marineros intoxicados con los gases, además.
El problema no es sencillo, ya que la protesta gremial empezó por exigencias sanitarias y luego derivó en planteos salariales. Las fronteras son difusas. En el gobierno y las pesqueras dicen que hay dirigentes del SUPA que se han hecho empresarios y están manejando las empresas de estiba desde ambos lados del mostrador. Luego, lo que ocurre es que en los puertos hay una cantidad inconmensurable de negocios en negro, ilegales, que van desde la subdeclaración de especies capturadas a la fuga lisa y llana de camiones cargados de pesca ilegal, o tráfico de drogas. La cantidad de “kioscos” es incontable. Un proveedor de la cadena de pesquería contó que en Comodoro Rivadavia, los estibadores que están parando ganan “en blanco” cerca de $ 7.000.000 al mes. Más los negocios. Por supuesto, en el SUPA lo niegan, le bajan el precio a la mercadería que debieron tirar, y apuntan a los empresarios de la Flota Amarilla en un mundo en el que todos se conocen desde hace años. Los principales dirigentes de la cámara fueron los propietarios de la cantina “Marcelino”, la más exitosa y tradicional de Puerto Rawson décadas atrás.
La intención del gobernador Torres es “blanquear” todo esto, que vayan presos los que deben ir, y que cada quien gane su parte. Por lo pronto, consiguió que la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich le habilite escáneres móviles para los puertos de Chubut, de modo de ver todo lo que sale de allí. Veremos qué consigue, o si alguien no termina antes con un tiro en el pie.
La pesca del langostino está muy regulada, o debería estarlo. Es un recurso muy sensible que se agota con facilidad. Está prohibido pescarlo en jornadas de 24 horas, después de la milla 160 los pesqueros chicos no pueden pasar por seguridad porque el oleaje es muy fuerte, los permisos pesqueros tienen cupos regulados, y cada tanto la industria tiene algún impuesto nuevo. Esta pesca sufre desde afuera el acoso permanente de flotas extranjeras, por lo que el ministro de Defensa Luis Petri intenta acordar con Brasil, Uruguay, EEUU y gobernadores patagónicos, la participación de buques norteamericanos en el control costero. Aun así y con todos estos problemas, el recurso es lo suficientemente rico como para alimentar el negocio, y en paralelo, ruedas fabulosas de micro corrupción. Y ese es el verdadero fondo de la pelea.