Y sí, es que hay que proveernos de una muerte buena porque es un acto de dignidad. Sobre todo cuando es innecesario prolongar los procesos de muerte con pronósticos malos.
La muerte pertenece a la vida y cada quien podría decidir cómo ponerle fin sobre todo en procesos de enfermedad avanzada. Los arduos intentos por preservar la vida pueden llevar a una forma de asistencia incorrecta, innecesaria, conocida como “encarnizamiento terapéutico”.
El debate por la eutanasia
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Jean-Luc Godard, el gran cineasta francés de 91 años, decidió morir el 13 de septiembre por la mañana en su casa de Rolle (Suiza), a través de un suicidio asistido.
Daniel Ostropolsky, el reconocido jurista que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que padece Esteban Bullrich, murió el 12 de septiembre a los 73 años. Fue uno de los principales impulsores de una ley sobre la eutanasia en la Argentina.
Jean-Luc Godard, el gran cineasta francés de 91 años, decidió morir el 13 de septiembre por la mañana en su casa de Rolle (Suiza), a través de un suicidio asistido. Práctica que es legal en ese país. Su pareja dijo que “no estaba enfermo, simplemente estaba agotado”, aunque Patrick Jeannert, amigo personal, declaró que Godard sufría “múltiples patologías incapacitantes”.
La Exit Suisse Romande, la asociación Suiza que ayudó a Godard a morir, solo en 2021 asistió a 421 personas más. Todas debieron presentar informes médicos y en su gran mayoría se trató de pacientes con enfermedades terminales o personas de edad avanzada con polipatologías invalidantes que les produjo un gran sufrimiento y pérdida de la calidad de sus vida.
Sin embargo, en Suiza la eutanasia es ilegal, ya que en ese país es considerado asesinato por encargo, pero no así el suicidio asistido. Según el Código penal Suizo se considera Suicidio Asistido legal siempre y cuando la persona que ayuda no lo haga por motivos egoístas y la personas que desea morir estén en su sano juicio y mantengan el control sobre el acto.
En la actualidad solo siete países del mundo cuentan con legislación que regula la eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y Nueva Zelanda.
En Argentina hay seis proyectos de ley sobre la aplicación en el país del derecho a morir dignamente. Es decir, cuando un paciente con una enfermedad terminal, incurable e irreversible pueda solicitar a un médico la interrupción de su vida. Estas iniciativas buscan dar un marco normativo a la eutanasia y legalizar su práctica.
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La ley de Muerte Digna mal llamada eutanasia pasiva
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Aída Kemelmajer, ex ministra de la Corte provincial, explicó que "el paciente tiene derecho a decidir" en el caso de la muerte digna.
En 2012 se modificó la Ley de Derechos del Paciente, que se conoció como “Ley de Muerte Digna” y que determinó que las personas que presenten una “enfermedad incurable o se encuentren en estadio terminal o hayan sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación tienen el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital. También la legislación permite rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible e incurable.
La ex ministra de la Suprema Corte, la doctora Aída Kemelmajer, nos explicó que esa muerte digna le da al paciente el derecho a decidir cuándo ponerle fin al tratamiento médico.
“El paciente es el que tiene la libertad, no es un tema de religión sino de libertad individual. Ahora esto no es eutanasia”.
Es decir que la “muerte digna” permite que se rechacen procedimientos como alimentación, hidratación o respirador artificial que mantendrían a la persona con vida, pero no admite acciones que produzcan directamente su muerte.
En la reforma del Código Civil de 2015, en su artículo 60, determina que “la persona plenamente capaz pueda anticipar directivas y conferir mandatos respecto de sus salud y en previsión de su propia incapacidad”. Puede también designar a la persona que ha de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela.
Explicó la destacada jurista que en “la directiva anticipada, es decir, documentos que firma el paciente y luego se ponen en la historia clínica, deja aclarado hasta dónde está dispuesto a llegar con el tratamiento. Pero por ahora, no se puede poner en esa directiva anticipada 'y quiero que me coloquen una inyección letal' porque la ley actual dice que estas directivas no sirven para prácticas eutanásicas”.
Seis proyectos de ley y un solo objetivo: regular la interrupción de la vida en pacientes terminales
Congreso de la Nación Argentina. Foto: Télam
Seis son los proyectos presentados en el Congreso de la Nación, relacionados con muerte digna o "buena muerte".
Se entiende por eutanasia al procedimiento médico que consiste en poner fin a la vida de una persona que padece una condición de salud irreversible que le provoca un sufrimiento físico o psicológico profundo y persistente y que solicita de manera clara e inequívoca la aplicación de este procedimiento.
Como dijimos más arriba, hay seis proyectos de ley que buscan dar un marco normativo a la eutanasia y legalizar su práctica. Cuatro están en la Cámara de Diputados y dos en el Senado.
Repasemos algunos. En Diputados ingresó la iniciativa conocida como la “Ley Alfonso”, que nació a partir del caso de Alfonso Oliva un cordobés que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que había solicitado la aprobación de una norma de eutanasia. Este proyecto lo impulsan principalmente legisladoras del Frente de Todos.
También está la iniciativa de “Interrupción voluntaria de la vida” de los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay. Fue presentada en el Senado cuando Cobos era senador nacional.
Y en noviembre del 2021 ingresó a Diputados la “Ley de la buena muerte” de autoría de Alfredo Cornejo y Jimena Latorre. Luego también ingresó en el Senado cuando Cornejo asumió como legislador en la Cámara Alta.
Los seis proyectos que están en el Congreso son sustancialmente similares ya que tienen en cuenta protocolos para dar seguridad y garantía en el acceso a la práctica.
“Se nos condena a muerte...en vida”
“Nadie se quiere morir. Por lo menos nadie en su sano juicio…Lo que pretendo de la sociedad a la que pertenezco es que se me reconozca y otorgue en esta instancia de mi vida, el ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento, a terminar con una existencia tan atroz como innecesaria frente a una enfermedad irreversible e incurable, evitando así lo que constituye una afrenta a los principios en los que he basado mi vida, entre otros, la dignidad…En ese caso se nos condena a muerte… en vida….”
Esta es parte de la carta que envió a los medios en junio de 2021 el reconocido abogado mendocino Daniel Ostropolsky, donde daba sus argumentos de porqué pedía una ley de eutanasia.
Su muerte volvió a poner en agenda el debate por la eutanasia y desde el radicalismo buscan que se unifiquen todos los proyectos sobre eutanasia y lleven su nombre.
“Nos deja un mendocino ejemplo de vida. Hasta último momento Daniel Ostropolsky pidió por una ley de ‘Buena Muerte’ y los que lo acompañamos no descansaremos hasta que se haga su voluntad”, expresó el senador Alfredo Cornejo en Twitter.
La diputada nacional Jimena Latorre, otra de las autoras del proyecto, explicó a Radio Nihuil que el proyecto está en la Comisión de Salud, y que esa iniciativa “marcó el debate de que regulemos en el derecho a decidir cómo morir y a recibir asistencia que es lo que implica la eutanasia”.
La legisladora dijo que es un discusión trasversal a los distintos partidos políticos y que están trabajando entre los diputados autores para encontrar diferencias y similitudes y lograr un proyecto unificado y superador de cada una de las propuestas planteadas.
Latorre explicó que no hay diferencias irreconciliables entre los proyectos presentados
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El tuit de Jimena Latorre recordando a Daniel Ostropolsky.
“Sí hay algunas diferencias por ejemplo en cuanto a la edad, a la capacidad para manifestar la voluntad válida. Nosotros recogemos lo que está consagrado en el Código Civil y Comercial de la Nación que es el principio de capacidad progresiva y por lo tanto a partir de los 16 años se tiene plena capacidad para emitir esta voluntad, entre los 13 y los 16 puede hacerlo con asistencia de sus padres o tutores. Otra de las diferencias es cuanto al procedimiento. Nosotros prevemos que la comisión que interviene para evaluar cada una de los casos sea una comisión que se constituye en cada una de las provincias entendiendo que la competencia de salud es provincial y además por un criterio de cercanía con cada uno de los casos y las historias clínicas de los pacientes. En cambio en los proyectos del Frente de Todos prevén una comisión nacional. Eso aleja al órgano decisor sobre el paciente y además crea un gasto en el Estado y en la práctica puede implicar que se dilate la creación y funcionamiento de esa comisión y se frustre el objetivo de la ley”.
Sobre la consulta a cómo será el procedimiento si el paciente no puede dar su última voluntad en las directivas anticipadas porque está en coma o ha perdido las facultades cognitivas, Latorre admitió que es un tema que deben seguir trabajando.
“Supongamos que una persona sufrió un accidente y quedó sin uso de la razón y sin poder emitir su voluntad, se declara la incapacidad y el representante suple esa voluntad, siempre teniendo esa voluntad presunta de ese paciente. Pero estamos trabajando con los otros autores en eso porque creemos que tiene que ser lo más expreso, explícito posible para que después no dé lugar a eventuales juicios. No es el objetivo de una ley que luego tenga que ser analizada jurídicamente o genere aplicaciones distintas según cual sea el caso”.
La doctora Kemelmajer explicó que el proyecto de la “buena muerte” respeta la voluntad de las personas, porque la eutanasia se funda en esto que es un principio de los derechos humanos, que es el derecho a la autonomía. “Cada uno tiene derecho a tener un proyecto de vida y cuando crea que éste ha concluído pueda decir “aquí concluyo mi vida por estas razones”.
El loby de las iglesias
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La Conferencia Episcopal pidió que se busquen otras alternativas a los proyectos de "buena muerte".
En general, en las sociedades occidentales, modernas y lejos de las tradiciones originarias no se habla de muerte. El tema genera incomodidad y ensombrece el clima. Es parte de nuestra cultura occidental católica. La muerte es algo siniestro, doloroso, inaceptable y traumático.
Pero para las personas que sufren enfermedades terminales hay una pregunta recurrente: ¿cuánto puede soportar de dolor el cuerpo?. Y es que la encarnización medica y la moral religiosa se oponen a la muerte digna de una persona.
Desde la Conferencia Episcopal, el organismo que nuclea a los obispos argentinos, expresaron su rechazo a los proyectos de eutanasia presentados en el Congreso. Denunciaron que las iniciativas son una manifestación de la “cultura de la muerte y el descarte” y solicitaron que se busquen otras alternativas a los padecimientos de los enfermos terminales.
La diputada Latorre dijo que están trabajando juntos a sus “asesores para allanar el camino y que el debate sea lo más sensato posible y no haya diferencias que entorpezcan. Lo único que está frenando el tratamiento hoy en día son los lobys de las iglesias
“¿Por qué el Estado va a arrogarse o hacerse eco de credos religiosos porque no hay otro fundamento científico de la de los detractores, imponiéndole a alguien que no quiere vivir en esas condiciones la obligación de vivir?. Si somos dueños y titulares de nuestro derecho a la vida podemos decidir y elegir cómo vivir también podemos elegir cómo morir. Creo que este tabú respecto de la muerte que culturalmente viene impuesto, no se habla porque es incómodo”
Pero tomando la cuestión religiosa, en este proyecto se incluye a los médicos objetores de conciencia pero no a las instituciones. Esos profesionales deben estar inscriptos en un registro de objetores y anticipadamente dar a conocer su forma de pensar y su objeción a realizar estas prácticas y esto implica que no lo puedan hacer en el ámbito público ni privado.
“Y en cuanto a las instituciones que lógicamente no tienen conciencia porque son personas jurídicas no físicas tienen la obligación en el caso de que no tengan médicos no objetores de derivar a su costo al paciente que solicita la práctica a otra institución donde sí se la harán” dijo Latorre.
“Nací de padre y madre judíos; me siento muy orgulloso de serlo, de mi inalterable identidad y respetuoso de nuestras tradiciones que me definen. Pero no soy creyente ni cuestiono a quienes sí lo son. Pienso que la iniciación de mi existencia no se debió a voluntad divina ni la finalización de la misma deba esperar designio alguno...”, escribió Ostropolsky en su carta.
Hubo casos en que se ha dejado vivir artificialmente a personas sin ninguna posibilidad de cura, y el paso del tiempo ya no se presenta como una buena intención sino como pura arbitrariedad con la dignidad de esa persona.
Seguramente antes de la unificación de un proyecto de eutanasia, habrá debates morales, ya que los legisladores deberán escuchar los múltiples voces religiosas y laicas. Entre ellos, el derecho de las personas de ser artífices de su propia vida y como tal de su propio fin.
Quizá para muchos haya otras urgencias como la inflación, la ley de alquileres, pero créanme que son muchas las personas que esperan para sí o para algún familiar una definición sobre el derecho a morir dignamente.
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