Con un país estancado la Provincia no tiene demasiado destino. Mendoza, como los demás estados provinciales, es dependiente de la Nación y de la situación macroeconómica. Si bien el potencial no es equilibrado en la diversidad de regiones que componen el territorio nacional, no puede haber una provincia en ascenso cuando las condiciones generales van en sentido contrario.
Rodolfo Suarez intervino vía zoom, en el congreso de la UCR.
Los instrumentos de política económica en manos de los gobiernos provinciales son limitados pero es como para lograr un despegue al margen de las políticas que se dictaminan desde el poder central que, a su vez, también se encuadran en el contexto global en un mundo cada vez más interconectado.
En el año que está finalizando ese mundo ha sido relativamente generoso con los precios de los productos que exporta la Argentina, pero el ingreso de divisas siempre será insuficiente mientras no se logre un mínimo orden y estabilidad en las variables macroeconómicas. La recuperación de la actividad que se está observando después de la caída vertiginosa del año pasado debe mantenerse de manera sostenida para que la mejora no quede limitada a un mero efecto rebote post pandémico.
Una de las herramientas en manos de la gestión provincial está en el diseño presupuestario, con su política impositiva, y la promoción de actividades. Precisamente, el ministro Enrique Vaquié esta semana presentó la tercera edición del Mendoza Activa, el programa de reintegros que se ha convertido en una palanca de la inversión.
Otro recurso es la obra pública: el sucesor de Lisandro Nieri en la cartera de Hacienda, Víctor Fayad, ya aclaró que la inversión pública en la materia dependerá del margen que le deje la refinanciación de las deudas con la Nación. Es decir, al no haber logrado el apoyo de la oposición en la Legislatura, el gobierno de Rodolfo Suarez supedita el plan de obras públicas a la respuesta que obtenga de la administración que encabeza Alberto Fernández.
De no destrabarse la negociación con el gobierno central, la Provincia deberá afrontar los duros vencimientos de 2022 y la variable de ajuste será indefectiblemente la ejecución de obras. La relación entre ambos gobiernos de signo político opuesto no pasa por su mejor momento, y el Gobernador ha vuelto a quejarse en el congreso partidario de la "discriminación" que sufre Mendoza frente a la distribución de los fondos, lo que podría desencadenar una demanda judicial. Mientras tanto, sigue apelando a la negociación, aclaró "Peque" Fayad a radio Nihuil.
Por otro lado, con el desembarco de Nieri en el Congreso -confía el Gobierno-, llegaría una espada financiera de la gestión de Suarez al ámbito que, sin ser determinante, también dirime cuestiones relativas a la distribución de recursos como el presupuesto.
Un vínculo hostil
La relación con el peronismo provincial no es del agrado del Gobernador, quien no se privó de acusar el tono de la campaña en su contra que encabezaron los líderes de la oposición. Si bien el ambiente político de Mendoza tradicionalmente dista mucho de los cruces característicos de la esfera nacional, donde la confrontación atenta contra la concordia política, aquí tampoco asoman acuerdos sustanciales como en el tema de la deuda, el presupuesto anual, o en las reformas institucionales.
La modificación de la Constitución es uno de los objetivos de gestión que Suarez está dispuesto a impulsar en la mitad que resta de su mandato. Lo volvió a plantear en el encuentro radical, después de quejarse de la cerrazón de la oposición legislativa para avanzar en la declaración de la necesidad de la reforma. También lo remarcó el ministro Víctor Ibañez en el contexto del Congreso Municipal al puntualizar sobre la autonomía municipal y la representación territorial. "Esperamos que la oposición quiera dar la discusión y abrir el debate", arengó en un tuit.
Otra de las iniciativas que busca atizar la discusión política es la que empezó a empujar el radicalismo capitalino hacia un cambio en el sistema electoral para terminar con la lista sábana con la implementación de la boleta única.
Varios proyectos por el estilo han sido presentados en el Congreso con el mismo espíritu a partir de las experiencias de Córdoba y sobre todo la de Santa Fe, con beneficios institucionales en términos de transparencia electoral, de equidad, menores costos, y hasta ecológicos. Sin embargo, el tiempo pasa y no está claro si habrá voluntad política de los partidos mayoritarios para promover una reforma electoral antes de las próximas elecciones.
En el caso de la Provincia, el tema recién empieza a cobrar vigor y es probable que tenga menos obstáculos para avanzar siempre que haya decisión del oficialismo, en primer lugar. En lo que respecta a la reforma de la Carta Magna, si no cuenta con el respaldo de la oposición no se podrá alcanzar la mayoría especial que se requiere, como sucedió con los proyectos que impulsaron infructuosamente Paco Pérez y luego Alfredo Cornejo.
En cuanto a la nueva Ley de Educación, otro de las reformas de fondo que impulsa el Ejecutivo provincial, sigue sin encontrar el consenso mayoritario que se necesita para diseñar un proyecto educativo a futuro. Los problemas urgen y se hace necesario apuntalar todo el sistema, entre otros aspectos, con una mayor inversión que va de la mano -otra vez- del crecimiento económico. Sin embargo, la Legislatura no pueda estar ajena al debate de un nuevo marco normativo que no necesariamente debe consistir en la aprobación de un paquete atado por el Gobierno, sino una síntesis coherente de una propuesta contruida en forma plural.
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