Análisis y opinión

El complejo desafío de acordar una Ley de Educación

El resto es garantizar la apertura para un debate fructífero sobre la Ley de Educación en Mendoza

Cuando Mendoza atraviesa uno de los momentos más críticos en el tránsito de la pandemia, Rodolfo Suarez pone proa a una de sus principales propuestas de campaña. Con la bandera de que hay que pensar y diseñar la educación de las próximas dos décadas salió a promover el Congreso Pedagógico con vistas a la ley que deberá dictaminar la bicameral legislativa creada para tal fin.

Lo que se propone es solamente "un borrador que está abierto a todos los aportes". Así lo presentan desde el Gobierno para una convocatoria amplia, y para sortear la resistencia gremial y de otros sectores que se ha dado a conocer a través de los medios y las redes sociales. Malestar que se hará visible con los caravanazos convocados para esta semana.

El principal rechazo es respecto de la oportunidad de un debate que se pretende participativo pero que no podría garantizarse en situación de pandemia a través de la virtualidad y mientras los esfuerzos docentes están centrados en el actual ciclo lectivo irregular. Esto, aun sin entrar en consideraciones a las objeciones de fondo sobre los cambios previstos y las omisiones del borrador del proyecto.

Desde el oficialismo, alentados por la decisión del gobernador, creen que podrán sortear los obstáculos apelando al banque de parte del peronismo y de la comunidad educativa en general. Lo que pretenden, es entrar en el proceso deliberativo por encima de las obstrucciones a las que consideran de manual y conservadoras del status quo.

Lo que se avisora es una disputa fuerte, en primer lugar, por si este es el momento propicio para establecer un proyecto que debería ser transformador, nada menos, que de la futura educación de la Provincia. Y luego, en qué consistirán esas iniciativas que, además de viables, tendrían que responder a los ambiciosos objetivos de superación integral de todos los estratos sociales.

Al sistema educativo cada vez le requerimos más soluciones como sociedad, en términos de formación, transformación e inclusión en un mundo cambiante y competitivo. Todo un desafío que requiere el máximo esfuerzo, a pesar de las condiciones frágiles en recursos, en infraestructura y con un escaso reconocimiento a la docencia.

El diagnóstico también da cuenta de la desigualdad en cuanto a la situación y posibilidades entre distintas escuelas, lo que es reflejo de la brecha económica entre los sectores sociales. Una estrategia de largo plazo deberá contemplar el financiamiento que queremos otorgarle al sistema educativo y la distribución de recursos con la mirada puesta en la necesidad de potenciar la equidad entre los establecimientos y sus zonas de referencia.

Se avisoran días turbulentos que mostrarán una tensión creciente como antesala al Congreso Pedagógico que el Gobierno está dispuesto a realizar entre el 19 y el 24 de octubre. Habrá que ver con qué convicción y cintura política se mueve el oficialismo para que la iniciativa pueda avanzar, teniendo en cuenta el antecedente de rechazo a la minería que le copó la parada a una de las promesas de campaña que más había trajinado Suarez.

El gobernador hoy cuenta con un aval mayoritario de la ciudadanía por su gestión al frente de la pandemia haciendo equilibrio con la apertura parcial de la actividad económica. De acuerdo con los datos de la consultora política Martha Reale, Suarez cuenta con más del 60 por ciento de adhesión y está lanzado a acelerar las reformas de fondo, como la de la Constitución y la Ley de Educación.

Claro que la imagen positiva de un gobernante no siempre se traduce en el poder para plasmar sus ideas en realizaciones concretas. Mucho depende de las fuerzas en pugna y, sobre todo, de la capacidad que se tenga para militar y articular acciones que logren generar consenso en la ciudadanía, fundamentalmente en el colectivo docente.

Será clave, más allá de las declamaciones, demostrar apertura para escuchar distintas propuestas e iniciativas para un debate profundo que logre estar por encima de las próximas elecciones. Mendoza lo necesita imperiosamente.

País generoso, para los privilegiados

La vida es aprendizaje y no todo viene de la educación formal. Los valores, creencias, normas, comportamientos que caracterizan a una nación forman parte de un ethos cultural que se hace carne en el devenir histórico. Y el sistema educativo debe sobrellevar una disputa que suele resultar desigual.

Por diversas circunstancias, nuestro país ha sabido consagrar tristemente ciertas prácticas políticas emparentadas con espacios de ocupación en distintos ámbitos donde se lucra de manera no siempre legal. La ligazón entre la política punteril y barrabravas, sin ir más lejos, es moneda corriente, cuestión que ha quedado en evidencia una vez más con el caso del diputado renunciado tras el escándalo del "tetagate".

Lo sucedido debe interpelar a todo el sistema político para que individuos con los antecedentes de la calaña del ahora mundialmente famoso, Juan Ameri, no tengan el honor de legislar en nombre de la ciudadanía. La situación pone en tela de juicio otra vez el sistema de listas sábana y los favoritismos, por intereses particulares, que priman en la confección de las candidaturas muy por encima del mérito, tan devaluado, al esfuerzo y la capacidad.

Así como hay gente que dignifica su cargo, no se conoce a la gran mayoría de quienes componen los cuerpos legislativos ni a su plétora de asesores. Lo que sí es público y notorio es que un personaje como el tucumano José Alperovich ha sido amparado por la Cámara con una licencia, pese a las graves acusaciones de abuso sexual con testimonios contundentes. O el caso del multicondenado Carlos Menen, quien usa la banca como reaseguro de impunidad sin que medie una limitante de acceso como lo prevé el proyecto de Ficha Limpia. Un favor que se devuelve con votos en las sesiones.

Los supuestos representantes del pueblo, además de legislar a conciencia y ejercer los roles correspondientes, deben ser el ejemplo de probidad y compromiso para no convertir al Congreso en un ámbito de privilegios.

Más todavía en momentos en que la crisis está haciendo estragos y la crispación está a flor de piel.

Siempre se pueda estar un poco peor, pero por estos meses las calamidades han ido en aumento. La pobreza ya alcanza a la mitad de la población, la desocupación está en niveles récord, y el ingreso del decil más pobre cayó 28.7 por ciento interanual, según datos del INDEC.

La desconfianza en las autoridades no es gratuita. Para eso sí hacen mérito.