Es difícil puntualizar en qué momento se quebró el diálogo político sobre los grandes asuntos de la Provincia. La política de Estado que supo diseñarse en otras épocas, cuando la crisis de la seguridad nos llevaba hacia el peor de los mundos, no ha logrado establecerse a través de los años para las diversas materias y reformas que se requieren para salir de la postración.

La dirigencia actual, es evidente, no tiene la capacidad de acordar un proyecto para superar la dramática situación que estamos atravesando, mucho menos para pensar los próximos años. Uno de los reclamos que le hace la oposición peronista al Gobierno es que pretende refinanciar los vencimientos de deuda que caen más allá del año que viene. Es uno de los argumentos que esgrimen para rechazar el plan oficialista, como si el pasivo no fuera un problema de todos y de más largo plazo.

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El país arrastra problemas estructurales desde todos los tiempos y ya lleva más de una década sin crecer. Mendoza está todavía peor, toda vez que viene perdiendo participación en el producto bruto interno y no hay atisbos de superación a raíz de las miserias de la política.

De tanto en tanto, y a duras penas, oficialismo y oposición logran acordar alguno que otro proyecto. Pero invariablemente está presente en la mesa de negociación el cálculo sobre el rédito político y la especulación electoral. 2021 es un año de renovación de los cuerpos legislativos, lo que lejos de las prioridades de la población, llega para empeorar las cosas.

Para el ejercicio próximo, que todavía estará afectado por los coletazos de la pandemia, el Gobierno ha proyectado un presupuesto que cierra con autorizaciones de roll over y la toma de créditos por los mentados 350 millones de dólares para inversión, que ya fueron rechazados por la oposición a principios de este año por la bajada de línea desde la Nación.

En esta instancia el Frente de Todos le cambia los proyectos y propone autorizar únicamente 80 millones de dólares y "rollear" sólo los vencimientos del año que viene. Pero el oficialismo arguye que la principal fuerza opositora está proponiendo, a sabiendas, una alternativa inviable e inaceptable, con excusas inválidas. Referentes del peronismo tradicional y camporistas esgrimen que el Gobierno quiere una aprobación a las apuradas y no tiene predisposición a negociar.

Tras el rechazo al paquete presentado por el Gobierno en Diputados, los ánimos terminaron más caldeados y varias voces del oficialismo apuntaron a Anabel Fernández Sagasti, la conductora del peronismo local. La senadora se defendió atacando: "Suarez actúa como un niño rico y caprichoso".

Hace unas semanas todo venía perfilado a avalar la refinanciación y la toma de créditos con organismos internacionales pedidos por el Ejecutivo, atento a la realidad que vive Mendoza y el país. Incluso, en el nivel nacional pese a la grieta que se evidencia en temas fundamentales como el de la reforma judicial, Juntos por el Cambio y los gobernadores de esa pertenencia han apoyado la renegociación de la deuda encarada por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la sospecha del oficialismo local es que bajaron la orden de un cambio de postura en el peronismo con la excusa de que 40 días no fueron suficientes para estudiar el tema y de que el proyecto de autorización parcial era mejor.

"El gobierno pretendía todo o nada", dijeron los referentes legislativos del justicialismo. Entonces, puestos en esa opción de hierro la respuesta opositora en Diputados fue concluyente: nada.

La última ficha

Aunque alarmados ante lo que vislumbran como un drama anunciado, en las filas oficialistas no han perdido del todo las esperanzas de persuadir al peronismo en el Senado sobre la imperiosa necesidad que tiene la Provincia. Caso contrario, no habrá un día sin que le pase factura a los referentes del Frente de Todos por el ajuste que deberá aplicarse en materia de obra pública y en numerosos programas de inversión que configuran un plan de ejecución a varios años vista.

En ambos bandos se habla de la vocación de diálogo, pero los acuerdos no alumbran. Para abrir el juego, antes de fin de año convocarán al Consejo Económico, Social y Ambiental. Es de esperar que con otros protagonistas haya nuevos puntos de vista, e intenciones, sobre lo que viene y cómo afrontarlo. Igualmente la convocatoria será con los hechos consumados.

2021 podría representar una oportunidad de mejora para Mendoza, después de la debacle de este año. Mucho depende de la macroeconomía que se diseña en la Casa Rosada, frente a lo que los gobernadores no tienen demasiado margen. No obstante, la Provincia tiene una base fundamental en las decisiones en torno de su propio presupuesto, en cómo recauda, cómo gasta, qué estimula, en qué invierte, cómo administra, cómo gestiona. Nada menos que eso es lo que se está discutiendo con tono de frustración. Y los fondos que baje el gobierno de Fernández para las comunas de signo justicialista serán a todas luces insuficientes para revertir los problemas.

Lo que se avisora es que estaremos cada vez peor y que la pobreza seguirá en aumento. En los próximos días el Gobierno convocará a todos los gremios estatales a paritarias, no sólo al Sute que logró esa instancia por orden judicial. Sin embargo, los representantes oficiales llegarán con los bolsillos vacíos, como anticipo de lo que hay por delante.

Sin aumentos este año, los empleados públicos verán sacrificados nuevamente sus ingresos, mientras el desempleo en el sector privado irá a la par de la caída de la obra pública en una etapa sombría que promete la cancelación de la inversión y de programas productivos.

El desgaste por la extensión de la crisis que durante el año que viene sufrirá el gobierno de Suarez, y arrastrará de igual modo al Frente de Todos, tiene como blanco principal a la población de Mendoza, quien pagará los costos reales del fracaso de la política.

Caer al Fondo

Además del sacrificio que importa afrontar los vencimientos de deuda por 12 mil millones de pesos que recaerán sobre la Provincia en 2021, se sufrirán los ajustes que empezará a hacer la Nación. La inflación de octubre arrojó 3,8 por ciento y el dólar sigue presionando sobre los precios. Las tarifas empezarán a descongelarse en enero y los combustibles continuarán con las correcciones programadas.

El ministro Martín Guzmán anticipó el cese de programas lanzados como paliativos en pandemia, ya que es necesario sostener cierto nivel de equilibrio fiscal. La meta es bajar el déficit al 4,5 por ciento presupuestado o aún más, como previsiblemente pedirá el Fondo Monetario.

Para un empoderado Guzmán la reforma previsional se inscribe en la necesidad de darle sustentabilidad al sistema y no en la baja del gasto. Ante lo evidente, Alberto Fernández se ataja: "El ajuste lo estamos haciendo dejando de pagar los intereses de la deuda que otros tomaron".

Mientras que el proyecto de Máximo Kirchner que grava a las fortunas personales será la estrella de la semana, se avisora parte del cóctel que se está preparando: menos emisión monetaria, toma de deuda, tasas altas, suba de los precios regulados, recorte en el gasto. Una ortodoxia económica que necesitará oxígeno político.

La atención a la cuestión social seguirá siendo priorizada hacia la provincia de Buenos Aires, como este año en el que ha recibido cerca del 75 por ciento de los fondos totales destinados a afrontar la pandemia.

El sacrificio del ajuste será inevitable, y será igual para todos pero, como en la Rebelión en la Granja, "algunos son más iguales que otros". Mendocinos y mendocinas lo tenemos muy claro.