El gobierno de Donald Trump avanza con un plan nacional para eliminar ayudas a estudiantes indocumentados en universidades públicas, empezando por Texas. Defensores de la educación denuncian que se trata de una estrategia coordinada para debilitar la educación pública y restringir derechos fundamentales.
Texas: el fin de las ayudas para estudiantes indocumentados
Según informa EFE, organizaciones como la Asociación Nacional de Educación (NEA), la ACLU, United We Dream y maestros de Texas advirtieron en conferencia de prensa que esta campaña legal liderada por el Departamento de Justicia (DOJ) afecta no solo a los estudiantes, sino también a docentes y comunidades enteras.
Gladys Fátima Márquez, educadora en Illinois y miembro del comité ejecutivo de NEA, sostuvo que la administración busca “controlar lo que los estudiantes creen” y usar las universidades como herramientas ideológicas.
Donald Trump gana en Texas
El mes pasado, un juez federal respaldó al DOJ y revocó temporalmente la Ley Dream de Texas, vigente desde 2001. Esta norma permitía a jóvenes indocumentados que se graduaban de escuelas secundarias locales pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales.
La demanda federal alega que esta política “discrimina a ciudadanos estadounidenses en favor de extranjeros”. Como consecuencia, se estima que unos 73.000 estudiantes podrían perder acceso a educación superior accesible en Texas.
Además, el estado ordenó a las universidades identificar a estudiantes indocumentados para cobrarles la matrícula completa a partir del otoño.
El plan de Trump se extiende más allá de Texas
Inspirado por su victoria en Texas, el DOJ impugnó leyes similares en Kentucky y Minnesota. La fiscal general Pamela Bondi afirmó que ningún estado debe ofrecer beneficios financieros a inmigrantes indocumentados por encima de los ciudadanos.
Sin embargo, en Minnesota, el gobernador Tim Walz, crítico de Donald Trump, promete defender el programa. Otros estados como California e Illinois también otorgan beneficios a estudiantes indocumentados, por lo que se esperan nuevos conflictos legales.
Los educadores y abogados de la ACLU llaman al sector privado de Texas a apoyar a los estudiantes afectados, mientras continúa la batalla judicial en una corte federal.




