Cuando se cumple un mes de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en una localidad del estado de Guerrero, las autoridades siguen sin dar respuesta sobre el paradero de los jóvenes pero trabajan en la identificación de 38 cadáveres hallados en distintas fosas clandestinas en las afueras de Iguala.
Ocho de estos cuerpos tienen una antigüedad todavía por determinar y los 30 restantes —28 encontrados en un primer momento y dos localizados más tarde— son recientes. Sin embargo, según las autoridades de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR), no corresponden a los estudiantes que desaparecieron el 26 de setiembre después de varios ataques llevados a cabo por policías locales y en los que murieron seis personas.
No obstante, un funcionario de la fiscalía general matizó que la agencia sigue a la espera de los resultados del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) que, a petición de las familias de los estudiantes desaparecidos, colabora con las autoridades en las tareas de identificación de los cadáveres, puesto que el grupo extrajo sus propias muestras de ADN de forma independiente a las tomadas por el gobierno estatal con las que trabajó la fiscalía federal.
Luego de semanas de búsqueda de parte de autoridades estatales y federales y de policías comunitarios, y ante las informaciones confusas sobre el número de enterramientos localizados y los restos que contenían, la fiscalía mexicana emitió un comunicado el viernes por la noche en el que dijo tener constancia de un total de 38 cadáveres en 11 fosas, todas en unos cerros situados en la localidad de Pueblo Viejo, en las afueras de Iguala —ciudad a 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
El 4 de octubre, una semana después de las desapariciones, las autoridades de Guerrero exhumaron las primeras 6 fosas, que fueron localizadas gracias a las declaraciones de uno de los detenidos por los ataques contra los estudiantes. Una de las fosas se hallaba vacía y en las otras 5 se encontraron 28 cadáveres, indicó la nota de la PGR.
Los cuerpos, según informó entonces el fiscal del estado, Iñaky Blanco, estaban calcinados: Los habían colocado en una cama de ramas, regado con combustible y prendido fuego.
Una semana después, el entonces gobernador guerrerense Angel Aguirre dijo que esos 28 cuerpos no eran de los estudiantes. Aguirre dimitió el jueves.
El gobierno sabe donde están, dicen familiares
Los familiares de los 43 desaparecidos insisten en que el gobierno sabe dónde están sus hijos porque han detenido a medio centenar de implicados en los ataques, la mayoría policías locales de Iguala.
Además, en un comunicado emitido el sábado, denuncian que “el Estado ha sido incapaz de coordinar” las investigaciones y recuerdan que es “su responsabilidad encontrar y decir la verdad, sancionar a los responsables, reparar los daños y tomar medidas efectivas y radicales para que crímenes de Estado como el presente no se repitan”.
Un experto en antropología forense, que trabaja con investigadores federales en otros casos, explicó que las identificaciones son procesos complejos que toman tiempo, especialmente cuando se trata de restos calcinados en los que apenas queda materia útil para extraer el ADN.
“Si un hueso es cremado a más de 300 grados se hace prácticamente imposible su identificación porque se quema el colágeno”, dijo el coordinador de equipo de bioarqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Por eso el crimen organizado empezó a adoptar esta técnica”.
Fuente: AP.
