Las investigaciones judiciales por supuesta corrupción contra ocho ministros y decenas de legisladores de 14 partidos abrieron ayer otra fase de la aguda crisis política brasileña y dejaron contra la pared al gobierno de Michel Temer.
El "apocalipsis político" que muchos esperaban con la cooperación judicial pactada por 77 ex directivos del grupo Odebrecht comenzó la noche del martes, con la decisión del Supremo, apoyada en esos testimonios, de investigar a un centenar de políticos, una cifra que aún es parcial y pudiera aumentar en las próximas semanas.
Además de ocho ministros y decenas de parlamentarios, en la lista de sospechosos están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco ex presidentes brasileños vivos: José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
A pesar de que el escándalo salpica a ministros y a partidos políticos, en su mayoría de la base oficialista, Temer se muestra relajado e intentó transmitir tranquilidad en medio de la tempestad que se abate sobre toda la clase política nacional.
Temer encabezó dos ceremonias, una sobre derechos de la mujer y otra sobre patentes farmacéuticas, y en ninguna de ellas se refirió directamente al asunto, aunque sí hizo alusiones en ambas.
"En las eventuales divergencias o interpretaciones equivocadas, quien dará la palabra final será la Justicia", pero lo que "no podemos hacer jamás es paralizar al gobierno", dijo Temer casi con las mismas palabras en esos dos actos.
"El gobierno ejecuta, el Congreso legisla y el Poder Judicial juzga", pero "nada puede paralizar" al Poder Ejecutivo, subrayó en ambas ocasiones.
Hace unas semanas, ante la inminencia de esa decisión judicial, Temer anunció que no pretende destituir a ninguno de sus ministros por el hecho de ser investigado, aunque sí llegaría a ese extremo si las acusaciones fueran aceptadas por los tribunales, con lo cual no se espera un impacto inmediato en el gobierno.
La imagen de calma mostrada por el gobernante fue reforzada hasta con la presencia en una de esas ceremonias del ministro de Industria y Comercio Exterior, Marcos Pereira, uno de los 8 miembros de su gabinete que pasarán a ser investigados por presunta corrupción por el Ministerio Público y la Policía Federal.
Además de Pereira, la Justicia investigará a los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha; Secretaría General, Wellington Moreira Franco; Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab; Integración Nacional, Helder Barbalho; Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes; Agricultura, Blairo Maggi; y Ciudades, Bruno Araújo.
Hablaron por escrito
La mayoría de esos ministros se refirió al escándalo a través de comunicados afirmando su "inocencia", igual que hicieron casi todos los legisladores implicados en el asunto.
Los testimonios de Odebrecht también son una suerte de "bomba de profundidad" en el Parlamento y salpican a los presidentes de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira, que han coincidido en que las investigaciones serán una "oportunidad" para demostrar que no incurrieron en prácticas ilegales.
También en las dos cámaras legislativas se intentó mostrar normalidad y calma, aunque en las sesiones previstas fue notoria la ausencia de varios de los parlamentarios implicados en el asunto.
Según fuentes políticas, muchos confían en que la Semana Santa que se celebrará a partir de hoy ayudará a que bajen las aguas, pues abrirá un paréntesis en la actividad parlamentaria que se prolongará hasta el próximo martes.
La apuesta de la clase política en el tiempo también pasa por la excesiva burocracia y lentitud que caracteriza a la Corte Suprema, que supervisará directamente las investigaciones que afecten a los ministros y parlamentarios, todos con estatus de aforados.
Según fuentes del Ministerio Público, por su vastedad y alcance esas investigaciones podrían prolongarse durante meses o incluso más de un año, lo cual pudiera suponer un respiro temporal para todos los políticos salpicados por Odebrecht.
